* Por Guillermo Pérez Flórez
Se avizoran días de tormenta para la maltrecha democracia colombiana. En amplios sectores de la opinión pública crece la percepción de que se está cocinando un fraude electoral, y que la administración Duque, el partido de gobierno y sus aliados seculares están dispuestos a “combinar todas las formas de lucha” para garantizar su permanencia en el poder.
Al actual presidente de la República le cabe el triste ‘mérito’ de haber hecho trizas lo poco que quedaba de pesos y contrapesos de nuestro sistema democrático. Su apetito burocrático, que lo lleva a acaparar todas las entidades del Estado, incluidos los organismos de control e instituciones históricamente independientes como el Banco de la República o la Corte Constitucional, y su obsesión por politizar las fuerzas armadas, muestra una deriva totalitaria sin antecedentes recientes. La atmosfera pública viene haciéndose densa desde hace varios meses debido a hechos gubernamentales, decisiones administrativas y declaraciones de heliotropos de la coalición de gobierno que anuncian quiénes estarán y quiénes no en el tarjetón presidencial.
Las declaraciones del Registrador Nacional y el desfase de cinco millones de personas sobre el total de la población colombiana, con respecto a los datos del Dane, es un mal síntoma. Qué credibilidad puede tener un Estado cuyas instituciones no se ponen de acuerdo sobre su población. De allí la suspicacia con que recibió esto la opinión pública. Además, la parcialidad política del Registrador Nacional es públicamente conocida y también su desfachatez: “El que no sienta garantías, no debería presentarse”, declaró. De otra parte, está el malabarismo jurídico para modificar la ley de garantías electorales, así como la recurrente interferencia del presidente Duque en el debate electoral, que es sencillamente vergonzosa y desafiante. A él no le corresponde calificar ni descalificar a nadie, ni terciar en la controversia programática, ni mucho menos decir quién le gustaría que lo sucediera. Lo está haciendo con desafiante descaro, gracias al oscuro manto de impunidad con que lo cubre la inocua y muchas veces inicua Procuraduría General de la República. A sabiendas de que la tradición colombiana garantiza impunidad a perpetuidad a los presidentes y ex presidentes. Razón tiene Juan Manuel Galán cuando propone acabar la Procuraduría.
Viene ahora el polémico y voluminoso fallo de la Contraloría General de la República que afecta a Sergio Fajardo, a quien le impone una exorbitante sanción que sencillamente es impagable e incobrable. Tal decisión busca no un resarcimiento de los perjuicios por el caso de Hidroituango sino sacarlo de la contienda electoral. Si Fajardo llegase a ganar no podría posesionarse. Es inadmisible que tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual reza que un órgano administrativo no puede afectar los derechos a elegir y ser elegido (conforme al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos), desde el caso López Mendoza contra Venezuela, y reiterado posteriormente en el de Gustavo Petro y Colombia, se pretenda utilizar un proceso de responsabilidad fiscal con fines políticos. Burdo y miedoso. En realidad de lo que se trata es de despejar el camino para conseguir un cupo a segunda vuelta. ¿Quién sigue ahora? Puede ser que el próximo afectado con alguna medida sancionatoria sea Rodolfo Hernández.
En Colombia no está en peligro la economía de mercado. No. Lo que está en riesgo es la democracia. Existe una amenaza seria, organizada desde las más altas posiciones del Estado, que incluye abuso de poder con adjudicación de contratos públicos, nombramientos burocráticos, utilización de los órganos de control y de investigación judicial, el uso de exorbitantes sumas de dinero en la campaña electoral, y una estrategia política basada en el miedo. Ya no se trata de que la gente salga verraca a votar, sino de que salga ¡asustada! Pero antes, por supuesto, hay que sacar de la competencia a todo aquel que no haga parte de la santa alianza. A este paso, no seremos Venezuela. Vamos a ser Nicaragua. ¡Que Dios no coja confesados!
3 de diciembre de 2021
*Abogado, comunicador social y periodista. Experto en Derechos Humanos. Colaborador de deferentes medios de comunicación en Colombia y España.
