Por tratarse de un asunto de interés general por cuanto afecta intereses de trabajadores del depto. de Nariño comparto un oficio en el que se brinda una respuesta a algunos sindicatos de nuestra región.
San Juan de Pasto, 30 de agosto de 2021
Periodista
Pablo Emilio Obando
y Presidentes Sindicatos sector educativo:
UNASEN, SINDESCOL, SINTRENAL, SIMANA
Ciudad.
Ref.: Réplica a comunicación del 13 de agosto de 202,1emitida por los mencionados sindicatos y dirigida al señor Periodista Pablo Emilio Obando.
La presente réplica se desprende del comunicado que ustedes firmaran alusivo a la noticia que medios de comunicación nacional y regional publicaran en anteriores días, en relación al manejo que el señor Gobernador del Departamento de Nariño está haciendo del erario, especialmente en lo destinado a cubrir el plan de bienestar social de los trabajadores de la Gobernación de Nariño.
Bien conocen ustedes que las organizaciones SINTRAGOBERNAR y SINTRAGOBERNACIONES, iniciaron en el año 2014 las negociaciones para los servidores públicos del Departamento de Nariño, mismas de las que ustedes no hicieron parte sino hasta años después.
En aquella oportunidad nuestro pliego de peticiones contenía como petición principal la creación de un plan de bienestar social para nuestros afiliados, un grupo de aproximadamente 400 personas. A lo largo de los años y de los procesos de negociación que impulsamos este se fue perfeccionando paulatina y pacíficamente.
SINTRAGOBERNAR fue el responsable de diseñar dicho plan en cada uno de sus componentes, tarea esta que nos ocupó varios meses y sirvió de plataforma a lo hoy existente, teniendo como base los planes de bienestar social no sólo de otras entidades públicas de Nariño sino de otros departamentos a los cuales nos trasladamos para establecer la mejor manera de financiamiento y operatividad.
El componente económico que debía asumir la Gobernación fue calculado desde la Secretaria de Hacienda, atendiendo los principios de previsión y provisión financiera.
Posteriormente, asumí ante la Honorable Asamblea de Nariño la exposición de motivos para la aprobación de esos recursos destinados a darle vida al programa de bienestar social que habíamos creado.
Resultado de esa gestión se produjo la ordenanza 007 de 2017 sobre la que hoy se hacen todo tipo de “interpretaciones” de su parte, así como también del equipo negociador y Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento, entre otros.
Con el transcurrir de los años sus organizaciones han intentado la creación de un plan propio de bienestar para el personal administrativo del sector educativo posición más que lógica y razonable.
Ello se vino a materializar en el Gobierno del doctor Camilo Romero cuando les asignaron a sus afiliados recursos propios por un valor considerable, también se pactó la cofinanciación de su plan desde el sistema general de participaciones en forma gradual durante un término de cinco años.
Desde luego, todo ello se enmarcaba dentro del compromiso de la presentación oportuna de su propio plan de bienestar, ajustado a las necesidades requeridas por el sector educativo. Ello al parecer nunca ocurrió, pues hasta el día de hoy dichos trabajadores no gozan de ese derecho, al menos no como resultado de la labor de sus propios sindicatos.
Ese breve recuento de lo que ha sido el plan de bienestar para nuestros correspondientes asociados es la prueba más fehaciente por la cual hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que existe un gran yerro jurídico y un asalto a los intereses de cientos de trabajadores y del Departamento de Nariño derivado de lo pactado este año.
Nada mas y nada menos que la ampliación de la cobertura a miles de trabajadores, echando mano de los recursos económicos establecidos en la Ordenanza 017 de 2017 ya referida y sin la adición de nuevos recursos destinados a atender el nuevo compromiso. De ahí que el tan pregonado derecho a la igualdad que ahora dicen haber alcanzado los sindicatos para sus afiliados, no podrá materializarse o será irrisorio el beneficio, pues si antes eran 400 los beneficiarios del plan de bienestar que costaba quinientos pesitos ahora serán cerca de CUATRO MIL los supuestos beneficiados, entre los cuales tendrán que repartirse los mismos quinientos pesitos..
Increíblemente ello viene a ocurrir años después de la expedición de dicha Ordenanza y su entrada en vigencia legal y efectividad material. Es así como tristemente va ocurriendo lo que el tratadista del derecho colectivo laboral, Jairo Villegas Arbelaez, ha denominado como “canibalismo sindical”, un escenario en donde hay menos sindicalismo pero si más sindicatos, que tratan de absorber o apoderarse de las reivindicaciones y luchas laborales que legítimamente a través del tiempo va consiguiendo el sindicalismo, pero que se desdibujan y terminan convertidos en migajas por la voracidad, falta de visión y desconocimiento de un verdadero principio de progresividad en beneficio de la clase trabajadora.
Bajo la argucia de una negociación sindical en la que se exige al gobernante de turno la expedición de una serie de actos que permitan la ejecución del erario en una forma no prevista por la Ordenanza 007 de 2017, se quiere incluir a un sector de trabajadores jamás contenido en el cuerpo de esa disposición ordenanzal.
Ello obviamente no puede ser lícito. La creación de una ordenanza es un acto administrativo complejo, es decir, no se da silvestre. Requiere una motivación legal para su expedición, que en este caso fue la serie de peticiones contenidas en nuestros pliegos de peticiones del año 2014 y subsiguientes mismas que fructificaron en la creación de un plan de bienestar para nuestros afiliados, diseñado y financiado para ellos el cual se ejecutó pacíficamente hasta este año.
Lo debates que se dieron en la Honorable Asamblea Departamental de Nariño para ese propósito jamás estuvieron orientados a la inclusión del sector educativo, como torvamente se predica. Sus organizaciones ni siquiera estuvieron presentes, no los impulsaron, nunca hicieron parte de la negociación que erigió el plan de bienestar existente.
Ustedes muy bien conocen el contenido, alcance y origen de la Ordenanza citada, como también lo conocen los anteriores gobernadores, sus equipos negociadores, la CUT, el Ministerio de Trabajo y un largo etcétera de intervinientes, actores y participantes.
De tal suerte que inducir al gobernante de turno para que ejecute los recursos existentes indebidamente carece de lealtad, no solo a su persona sino a la institucionalidad y a nuestra clase trabajadora a quien se engaña con populismo del lado del gobernante, y con la pauperización de sus derechos, por parte de los gremios sindicales.
Sostener a la hora de nona que la ordenanza origina una “confusión” o una “inclusión no avizorada antes” de miles de nuevos trabajadores a nuestro programa de bienestar carecería de toda fuerza probatoria en un escenario judicial y rompe gravemente el principio de buena fe, que debe regir en las negociaciones sindicales.
Ustedes saben que jamás la Ordenanza dispuso lo que quieren hacer ver en una forma tan tosca. Existen actas, testimonios, documentos, audios y videos que prima facie derrumbarían semejante despropósito ante cualquier órgano judicial o administrativo. Ha sido buena costumbre de nuestra organización dejar prueba audiovisual de todas nuestras intervenciones en cada negociación a lo largo de los años.
Tengo casi la absoluta seguridad que el equipo negociador del Gobernador no conoció durante el desarrollo de la mesa 2021 la génesis de la ordenanza 017 de 2017, del programa de bienestar existente y de los pactos celebrados por ustedes anteriormente. Ello explicaría lo sucedido, pero ahora ya no existe excusa para actuar contrariamente a derecho.
Así parece desprenderse de la respuesta dada a una petición que yo le hiciera a la señora “Coordinadora Jurídica del Proceso de Negociación 2021”, doctora Liliana Andrade Arévalo quien no atinó siquiera a ubicar los acuerdos sindicales de los años anteriores, los cuales eran de obligatorio estudio para comprometer al Departamento en la forma en que lo hizo junto al equipo negociador.
Proseguir entonces con la indebida exigencia al Gobernador para que ejecute ilegalmente los actuales recursos del plan de bienestar social lo conduciría inevitablemente hasta el escarnio de un proceso penal, lo cual no es buena idea, menos cuando lo que se persigue es una conducta proscrita por el estatuto represor, llamada peculado por destinación oficial diferente y de contera también a los estadios del prevaricato por acción al exigirse la producción de decisiones abiertamente contrarias a la ley bajo acomodados requiebros interpretativos que se han venido suscitando por diferentes motivos, bien sea para acceder al derecho como se pretende, o para disimular la ineptitud de los negociadores y asesores designados por el actual gobernador.
La negociación 2021 en realidad fue un rotundo fracaso, primero porque no lograron la destinación de ningún recurso económico para el plan que persiguen sus afiliados y segundo porque tampoco pactaron tan siquiera la realización de un estudio de prefactibilidad financiera destinado a ese propósito en el corto plazo.
Tampoco se determinaron las necesidades propias de su sector y mucho menos se pactó la presentación de un proyecto de ordenanza que regule el compromiso hecho en la mesa de negociación.
Simplemente se viene insistiendo en la destrucción del actual programa de bienestar social para justificar una negociación vacua y ello sucede lastimosamente desde las propias orillas de las organizaciones sindicales.
Obviamente que una mejor opción sería dar continuidad a lo acordado por ustedes en 2018 circunstancia perfectamente normal, posible y saludable. Téngase en cuenta que ya se habían pactado serios avances en los estudios financieros, destinación de importantes recursos propios, compromiso de gestión para cofinanciación desde el sistema general de participaciones, compromiso de elaboración del plan acorde a las necesidades propias de los trabajadores, etc. etc.
Esa solución a la vista y a la mano no puede perderse por la simple incuria de gestionar lo que corresponde, ni mucho menos por el capricho de quitarle a otros lo que ya tienen.
Finalmente, somos claros en afirmar que jamás nos hemos opuesto al avance de los trabajadores departamentales ni al de las organizaciones que los representan.
Por ello es que nunca le hemos quitado nada a nadie. No engañamos a nadie para acceder a ningún derecho. No pasamos por encima de ningún trabajador para realizar nuestra actividad, tampoco atropellamos la ley ni a nuestros pares. Esa es nuestra fuerza y nuestro poder.
Agradezco su atención.
HUGO ANDRES RUIZ J.
PRESIDENTE SINTRAGOBERNAR
C.C.
- Honorable Asamblea Departamental de Nariño
- Despacho Gobernador de Nariño
- Bases sindicales sector central y educativo
