Por Carlos Eduardo Lagos Campos.
La contienda política electoral en Colombia ha sido convulsiva y no desde ahora, sino desde siempre; el tránsito de un régimen colonial a la vida republicana fue muy costoso en términos de vidas y de tranquilidad ciudadana, diez guerras civiles marcaron el derrotero de nuestra naciente republica durante el siglo XIX, que terminó con la más violenta de todas y las más conocida: la guerra de los mil días, donde se enfrentaron a los liberales contra los conservadores y a federalistas contra centralistas, con un triunfo del partido conservador que dejó una cifra de víctimas que muchos historiadores aún no se han puesto de acuerdo, pero que supera las 100.000; pero que adicionalmente trajo como consecuencias: la devastación económica de la nación, la desaparición del Partido Nacional, y una gran problemática social, lo cual sumado a la debilidad del gobierno naciente, degeneraron también en la separación de Panamá.
Tras esta guerra de carácter civil que terminó con la hegemonía de las corrientes liberales en el poder, inspiradas por el llamado Olimpo radical, cuyo máximo exponente fue el Tolimense Manuel Murillo Toro, se termina con la posibilidad de recuperar los avances del periodo conocido como la Regeneración, la institución más democrática que forjó el país durante el siglo XIX, a través de la expedición de la Constitución de Rionegro en 1863, la cual nos recuerda el profesor Salomón Kalmanovitz: estableció una confederación de nueve estados soberanos que disfrutaban de amplia autonomía fiscal y de sus sistemas legales, propiciando el aumento en el recaudo de impuestos y en el gasto público, beneficiando así los ciudadanos de cada uno de esas comarcas.
Se abolió la pena de muerte y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos, también se produjo la separación de la Iglesia y el Estado, confiscando los bienes de manos muertas que poseía el clero, los cuales a estas alturas de la modernidad eran aun explotados por siervos de la gleba.
La educación se volvió laica, por lo tanto se apoyó en las ciencias, incorporando al país profesores de Europa, especialmente de Alemania; en lo económico, el librecambio produjo excelentes resultados: las exportaciones pasaron de 3 millones de dólares anuales en 1850 a 20 millones en la década de 1870.
Pero estos avances en aspectos de democracia, economía y educación duraron poco, fueron borrados de tajo con la asunción al poder de Miguel Antonio Caro y la expedición de la Constitución de 1886, que con algunas reforma duró más de un siglo; con ella se abolió el federalismo y el gobierno central se tornó autoritario, con un periodo presidencial de seis años, el cual se elegida de manera indirecta, lo mismo que sucedía con el Legislativo, el cual se constituía a través de convenciones cerradas de delegados, todos ellos conservadores.
Con esta reforma retardataria a los estados soberanos que se configuraban en regiones con verdaderas identidades, les fueron extirpadas su autonomía y sus recursos fiscales, los cuales como sucede hasta nuestros días fueron derrochados de manera arbitraria, a espaldas de las necesidades de los municipios y de estas regiones, que con el tiempo se transformaron en lo que conocemos hoy como nuestros departamentos; los Gobernantes regionales y municipales se nombraban por el poder central. Por ello y como consecuencia de las guerras, que desembocaron de esta nueva constitución la inflación se desbordó y se inició un periodo de persecución contra los empresarios, los cuales en su mayoría se inspiraban en el ideario liberal.
La educación volvió a manos de Iglesia y se prohibió la enseñanza de la ciencia implantando nuevamente el aprendizaje basado en la memoria, el castigo “la letra con sangre entra” y la obediencia ciega; con ello se vivió uno de los más grandes retrocesos del país, el cual ha marcado nuestro destino hasta nuestros días.
Adicionalmente se dio al traste con las grandes obras públicas, y a una serie de proyectos de modernidad que caracterizaron el horizonte liberal, las ideas liberales que se postularon durante los últimos años del siglo caracterizados por esos grandes proyectos que habrían de garantizar la llegada del progreso económico y la modernidad; así como también la necesaria integración de la nación, lo que hasta ese momento no se había podido conseguir.
Como consecuencia de la guerra de los mil días, ganada por las facciones conservadoras, que como se dijo tuvo consecuencias devastadoras para el país de todo orden: en lo social, económico y político. Este hecho que se puede considerar como el meridiano entre el violento siglo XIX, con casi una decena de guerras civiles internas, y el siglo XX, que arranca entonces con esta hegemonía conservadora, la cual se prolongaría hasta 1930, con una relativa calma para el país, en medio de la conmoción mundial que se vivía en Europa producto de la gran guerra (Primera guerra Mundial).
Pero esta calma no duraría mucho, el siglo XX sería marcado por dos grandes etapas de violencia conocidas como la primera y segunda violencia política; vendrían entonces las grandes disputas del siglo XX con la hegemonía de los gobiernos conservadores, dentro de los que encontramos el de Miguel Abadía Méndez (1926 1930); siendo Colombia un país predominantemente agrícola y dedicado a la exportación de materias primas. El apoyo a las empresas extranjeras en ese gobierno era importante y en ese contexto entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 se presenta uno de los hechos más vergonzantes de la historia colombiana que se conoce como la masacre de las bananeras, donde con la anuencia del gobierno se ejecutaron a hombres mujeres y niños en Ciénaga Magdalena.
Con estos actos el gobierno de Abadía entraría en una franca decadencia, no obstante, los medios de comunicación encubrieron la realidad y dimensión de estos hechos, así como el número de personas asesinadas y entonces nacerían nuevas figuras como Jorge Eliécer Gaitán y el liberal Alfonso López Pumarejo, quién se haría al poder en 1934, devolviendo las garantías a los trabajadores e incluyendo una serie de reformas progresistas en la legislación civil y laboral.
En Colombia por cuenta del bipartidismo existían dos especies de exclusión: la de las masas y la de la oposición política, la cual fue abiertamente cuestionada por el creciente líder popular Jorge Eliécer Gaitán en la década de los 40, promoviendo abiertamente una reforma agraria y la necesaria inclusión social, temas que eran tabú para los partidos que se sucedían alternativamente en el poder; por lo que se convirtió en un líder popular dentro de las bases del partido liberal opuesto al gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien actuaba de espaldas a las necesidades de la sociedad. Para ello, el caudillo apeló al poder de las masas, uniéndose a trabajadores de la ciudad y del campo, conformando así un movimiento creciente que evidenciaba un triunfo en las elecciones presidenciales, en la cuales el partido liberal fue dividido. Pero tras el fallecimiento de Gabriel Turbay, Gaitán se erige como el candidato liberal único, haciéndose evidente su triunfo para las elecciones presidenciales de 1950.
El 9 de abril de 1948 Gaitán es asesinado, generando una escalada de hechos de violencia sin precedentes en Bogotá, lo que se conocerá como el bogotazo, que incluiría la quema de propiedades públicas y privadas y la mayor parte del tranvía de la capital, con un saldo de 3.000 personas muertas solo en esta ciudad. El bogotazo sería el comienzo de una nueva época conocida como ‘La Violencia’, con una marcada represión por parte del partido de gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, ejecutada de manera sistemática a través de la policía política (chulavitas), lo cual se extendió hasta las regiones, principalmente en el departamento del Tolima.
Paralelamente, el gobierno conservador incremento la censura, prohibió las reuniones públicas, destituyó a los gobernadores y finalmente cerró el congreso; como corolario de ello en las siguientes elecciones de 1949, el único candidato presidencial sería el conservador Laureano Gómez en cuyo gobierno se incrementó aún más la represión, reduciendo al máximo las libertades civiles, aboliendo las reivindicaciones laborales otorgadas por el gobierno de López Pumarejo, los sindicatos, la prensa y asumiendo el control de los tribunales judiciales.
Ante el incremento de la violencia que dejaba más de 1.000 muertos por mes, el gobierno de Laureano Gómez se debilitó, dejando a Roberto Urdaneta Arbeláez, como presidente encargado. Finalmente, en 1953 se forma el frente entre liberales y conservadores moderados y con el apoyo de las fuerzas militares se gesta un golpe de estado, entregándole el poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quién logró mantener una calma relativa durante su periodo de facto, que sumado a los anteriores cobraría un saldo superior a 200.000 muertos, más los actos de despojo, la expoliación de miles de personas y de sus tierras.
Si bien el gobierno de Rojas Pinilla redujo los actos de violencia que se sucedían en todo el territorio nacional, de suyo conllevó aún más a la limitación de las libertades democráticas, lo que generaría un ambiente propicio para el resurgimiento de una nueva forma de violencia que se tornó dantesca tras la caída de la dictadura militar en 1957, convirtiéndose en el problema de mayor trascendencia en la vida republicana del siglo pasado. Por ello Alberto Lleras Camargo expresó: "El caso del Tolima debe ser el objeto de la más honda, viva y eficaz preocupación de toda la república".
Y no era para menos una vez se fueron levantando las restricciones del gobierno de facto, los colombianos comenzaron a conocer la verdadera magnitud de las diversas formas de violencia acaecidas desde hacía dos lustros de la mano del gobierno conservador contra las mayorías liberales del Tolima y el resto del país. Esta violencia de carácter oficial que se había enquistado en el Tolima a mediados de los años 50 generó un sinnúmero “de contiendas partidistas a nivel local y nacional que fomentó un estado de anarquía generalizada que con frecuencia se ejercía a nombre de los partidos. Bien fuera abaleadas, apuñaladas, destripadas, quemadas, golpeadas o ahogadas”, extendiéndose incluso a la movilización interdepartamental.
A la par que se sucedían estos hechos de violencia, el Tolima se convertiría a su vez en un laboratorio para la experimentación en la construcción de paz, que se extendería por todo el país, inicialmente con el llamado Frente Nacional. Este contribuyó al desescalamiento de la violencia y sería el primer paso para “desarmar los espíritus”, aunque a la postre se transformaría en el más burdo acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder. En 1958, una mezcla de iniciativas oficiales y populares permitió una reducción dramática de la violencia en el Tolima y otras regiones del país.
Desde 1952, tras el fracaso del pacto de Davis, los reductos de las guerrillas liberales denominadas ‘Los comunes’ se dividieron en las zonas del Pato, Guayabero, Ariari, Villarrica, Río Chiquito y Marquetalia, y las células restantes se concentraron a orillas del río Duda (Meta), consolidando lo que el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) llamaría repúblicas independientes, denunciadas por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Aunque a finales de los 50 Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arias Prias alcanzaron a trabajar en obras para sus comunidades con el gobierno de Alberto Lleras Camargo, estos harían parte de los reductos de la violencia y la amnistía otorgada por Rojas Pinilla y Lleras, que se refugiaron en Marquetalia para hacer resistencia agraria junto con sus familias.
A pesar que en cartas dirigidas al presidente, Marulanda considera al sistema bipartidista del "Frente nacional" antidemocrático y antinacional, al tiempo que junto a 16 firmantes pedían “la apertura de carreteras y caminos vecinales”, la respuesta del gobierno conservador fue convertir a Marquetalia en objetivo militar. En 1964 fueron enviadas cartas abiertas a instituciones y personalidades para pedir que intervinieran en contra de la operación anunciada de boca del general Reveiz Pizarro; tampoco fueron suficientes la mediación de Orlando Fals Borda, Gustavo Pérez, Eduardo Umaña Luna, Garavito Muñoz y el sacerdote Camilo Torres ante el Ministerio de Guerra, para conformar una misión de paz para ir a la zona y hablar con los campesinos, así como cartas que reposan en el Archivo General de la Nación con pronunciamientos dirigidos al gobierno por grupos de mujeres, sindicatos y otras organizaciones sociales de todo el país que le pedían a Valencia y sus ministros reconsiderar sus planes militares contra Marquetalia.
No obstante, la intervención se realizó junto a la operación Llanos del Yarí como continuación de la primera, esta ofensiva militar sería considerada como el mito fundacional de las Farc, la cual se ha presentado como “una agresión del Estado contra la población campesina, hecho que precipitó el tránsito hacia su definición como organización guerrillera” (CNMH), proclamada el 20 de julio de 1964.
El Tolima volvería a convertirse en el epicentro del conflicto armado colombiano, extendiéndose por todo el territorio nacional durante más de 50 años, arrojando más de 260.000 muertos, miles de desaparecidos, siete millones de desplazados, violaciones, secuestros y una infinidad de hechos trágicos que se suceden hasta nuestros días.
En la contienda electoral para las elecciones presidenciales de 1990 son asesinados tres candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro (1990) y Bernardo Jaramillo (1990). Según la revista semana en un artículo del 19 de agosto de 2013: Un equipo de trabajo de la Fiscalía "encontró patrones criminales comunes, destacando por ejemplo la calidad de las víctimas, la coincidencia en los móviles, y el modo como fueron perpetrados los homicidios"
Los tres aspiraban a la Presidencia de Colombia en, que fueron ganadas por César Gaviria, ungido como sucesor de Galán.
Las investigaciones adelantadas demostrarían según la Fiscalía, "otros conectores como el tipo de arma, los escoltas en común que habrían servido a los tres políticos, la participación de agentes del Estado de la fuerza pública, el abordaje a las víctimas y el asesinato de los autores materiales de los magnicidios, fueron establecidos en desarrollo de la investigación".
Esta nueva escalada de violencia política perpetrada en una combinación de narcotráfico y estado dio al traste con la ilusión de los colombianos. Con la muerte de Galán se frustra toda una generación de políticos que buscaron una separación de la política tradicional legada del viejo Frente Nacional; una generación que buscaba el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de una paz que se hacía esquiva frente a la inequidad social, la erradicación del clientelismo, la demagogia, el sectarismo, el mediatismo y la corrupción (no solo del Gobierno, sino dentro de los propios partidos)
Y fue precisamente bajo el ideario de un liberalismo más a tono con los nuevos desafíos y con la problemática social que se buscó entonces esa equidad perdida por décadas bajo el pacto de Benidorm [arreglo de los dirigentes Lleras Camargo y Laureano Gómez para apaciguar el enfrentamiento bipartidista y que dio origen a la intermitencia de liberales y conservadores en el poder desde 1958 hasta 1974].
Las propuestas del Nuevo Liberalismo además abarcaron la necesidad de vincular nuestra economía dentro del concierto internacional, velar por la situación de la diáspora de colombianos en el exterior, la reestructuración de la deuda externa y la adopción de los más modernos avances de la ciencia, la tecnología la informática y la industrialización.
Este sino político, pareciera repetirse bajo la egida de los políticos más recalcitrantes de la ultraderecha enfrentados a lo más radical de la izquierda política; en una serie de enfrentamientos que han hecho desaparecer el contenido programático de las campañas, para transformarlo en una odiosa cacofonía de calificaciones y descalificaciones contra quien piense diferente. Con un panorama político regional poco esperanzador, marcado por el irrespeto a lo público; estos se han apropiado, de los contratos, de los cargos públicos, del erario; para eternizar lo que se ha denominado como los clanes políticos, que mantienen en vergonzantes condiciones de sometimiento a los ciudadanos, profesionales y contratistas.
Esto en palabras de Augusto Trujillo presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia: “Desde la segunda mitad del siglo XX las hegemonías secuestraron la política. Algunas son las mismas de entonces, otras son nuevas y otras más terminaron apropiándose de los partidos nacionales. Todas tienen inmensa responsabilidad en el creciente avance de la corrupción, de los populismos, de la degradación del ejercicio electoral. Solo conciertan negocios electorales, esa urdimbre afecta el sentido de pertenencia e incluso el de las proporciones, menosprecian la dimensión intelectual de las personas.”
Treinta años después de su muerte, en un fallo sin precedentes la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) reconocer personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo y a los directivos que estaban registrados desde 1986, así como a su Consejo Nacional.
Entonces en una verdadera maratón organizacional el Nuevo liberalismo construye, previa convocatoria pública, una lista cerrada para el senado integrada proporcionalmente por mujeres y hombres de todas las razas, migrantes, líderes (as) del feminismo, los animales, los niños y el medio ambiente, así como de las regiones; por lo que, hecha esta breve lectura de nuestra convulsionada historia política; la lista del Nuevo Liberalismo se erige como una garantía de pluralidad, inclusión, renovación y un sin número de causas para legislar.
En una campaña sin discusión de los contenidos programáticos, se encuentra un oasis mirar cómo en la lista del nuevo liberalismo han confluido personas de todos los matices, de las cuales no se han escuchado quejas de corrupción, pero si muchas propuestas frente purificación de la políticas, el desarrollo socioeconómico, la recuperación del agro, la educación, la seguridad social, la reivindicación feministas, la protección de la niñez, de los animales, las relaciones internacionales; entre muchas otras.
Una de ellas ha sido la propuesta de gobernanza y desarrollo regional que ha postulado uno de los miembros más destacados de la lista; se trata del Abogado Guillermo Pérez Flórez quien postula como lo hicieron en su época los miembros del Olimpo Radical, una mayor autonomía territorial: “Ha llegado el momento de dejar que los territorios sean los vasallos del poder central para apropiarse de su propio destino. La reforma al régimen político departamental es una prioridad inaplazable; es necesario darles mayores atribuciones y competencias a los organismos departamentales”. Con ello Colombia y en especial las regiones podrían prender los motores de una nueva “Regeneración”.
Ante la intensidad de las campañas de las coaliciones presidenciales se ha opacado el debate regional, para la composición del congreso, lo que facilita la obtención del voto maquinaria, por ello en este momentos la prioridad de los ciudadanos deben ser las elecciones para el congreso de la república, las cuales según diferentes estudios apuntan hacia una nueva composición, de carácter más social, lo que vislumbra reformas más liberales en el amplio sentido de la palabra, que marcarán un nuevo rumbo en la convulsionada vida política de nuestro país.
*Analista Político
Fuentes:
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/opinion/ciencias-economicas-y-administrativas/34/la-constitucion-de-rionegro
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-conexion-entre-asesinatos-jaramillo-pizarro-galan/354714-3/
https://www.las2orillas.co/las-ideas-de-galan-que-nunca-mueren/
https://www.las2orillas.co/__trashed-634/ La urgencia de una persona que gobierne desde las regiones
https://www.google.com/search?q=urgencias+del+siglo+21&rlz=1C1PRFC_enCO535CO535&oq=urgencias+del+siglo+21&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.9820j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://drive.google.com/file/d/175kdC-WbC-bub8uoG-IfTvdzLON8uZbB/view
