Educación Universitaria Area de Desarrollo Familiar

 
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* Por Sandra Liliana Pinto.

Educación Universitaria Area de Desarrollo Familiar

Dentro del proyecto de construcción de un currículum integrado para universidades a escala humana presentamos este diagnóstico, como aproximación de una de las áreas más importantes de este componente como es la familiar.
De acuerdo con el Informe de Estadística Sociodemográfica Aplicada del 2021 elaborado por el DANE, la reducción de la fecundidad tiene repercusiones en la composición de los hogares. Un menor número de hijos se traduce, en el presente y a futuro, no sólo en cambios en el tamaño de los hogares, sino también en los roles de los miembros de las familias, en particular de las mujeres.
Una primera etapa reciente de cambios ocurrió en la década entre 1993 y el 2003, que comienza con el reconocimiento de que sí hay familia sin padre y que a la cabeza puede estar una mujer sola. Durante este periodo de despertar, se comienza a reconocer el derecho a la igualdad de la mujer así como a expedir leyes que sirvieran como bases para la equidad.
En 1993, la legislación colombiana comenzó a hablar de lo que para aquel entonces era un término nuevo: "Mujer Cabeza de Familia", aplicándose a aquellas, quienes siendo solteras o casadas, tenían bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. El Estado reglamentó para ellas, su protección integral a través del sistema de seguridad social.
Tres años después, en 1996, los legisladores desarrollaron el artículo 42 de la Constitución Política implementando medidas para tratar las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar su armonía y unidad y siete años después, en el 2003, se dictaron normas para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, especialmente para las niñas, asegurando su acceso a todos los programas académicos y profesionales en condiciones de igualdad con los varones, eliminando los estereotipos sexistas que se asignan a profesiones específicas y facilitando su permanencia en el sistema educativo, en especial a aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o en desventaja social o económica.
Con un vacío de siete años entre 2003 y 2010, la segunda etapa de cambios comienza con el reconocimiento en el 2010 de la Economía del Cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y se extiende hasta el 2016, con la tipificación de delitos conocidos por el nombre de la víctima que le dio origen.
La Economía del Cuidado hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, entre cuyas actividades se incluye el cuidado, formación e instrucción de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares), lo que reconoce el legislativo, es de “fundamental importancia económica en una sociedad”.
Cuando en el 2012, el país se enteraba de que en la Habana se encontraban representantes del grupo guerrillero de la FARC y el gobierno negociando un acuerdo de paz, la Economía del Cuidado se concretaba con la entrada en funcionamiento del Programa Familias en Acción, el cual consiste en la entrega de una transferencia monetaria para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Igualmente, el Congreso reguló el Subsidio Familiar de Vivienda el cual debe ser priorizado por las cajas de compensación familiar para las madres comunitarias, así como el acceso preferente que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe otorgar a las mujeres cabeza de familia y víctimas del conflicto armado, a los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario del sector rural.
A partir del 2014, 3 leyes tendrían su origen en acontecimientos atroces que marcaron la historia del país. El conflicto armado originó en el 2014 la Ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual del mismo, especialmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas. En el 2015, a raíz del terrible episodio ocurrido a Rosa Elvira Cely, se expidió la Ley que creo el tipo penal del feminicidio y en el 2016, como consecuencia de la trágica agresión a Natalia Ponce de León, igualmente se tipificó el correspondiente a lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares.
Tras otro espacio de cinco años, la tercera y última etapa comenzaría en el 2021 y pareciera ser el comienzo de un nuevo entendimiento del rol de la mujer en la sociedad y particularmente en la familia, en el que el mismo no se limita a las labores de cuidado sino a su papel como aportante fundamental para la construcción de la sociedad, lo que hace que debamos hacer una reingeniería de los roles de los miembros de la familia para no correr el riesgo de desamparar a quienes debemos proteger.
En el 2021, la Ley que crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, pareció responder a la principal problemática que de acuerdo con el Triage Poblacional del Departamento Nacional de Planeación, parece tener Bogotá, la altísima Tasa de Negligencia y Abandono, la cual se encuentra por encima del 70%.
La Tasa de Negligencia y Abandono es la violencia intrafamiliar que sufren las niñas, niños y adolescentes por la falta de protección y cuidado. Es cuando los responsables del cuidado no los protegen de la exposición al peligro, ni atienden o satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, psicológicas, educativas o de salud, teniendo los medios, el conocimiento y acceso para la prestación de estos servicios.
Este descuido se reflejó, entre otros, en el Informe de Violencias Basadas en Género publicado el pasado 8 de marzo con ocasión del Día de la Mujer por la Fundación PARES. En el mismo se evidencia cómo en el 2022 se incrementaron en un 10% los delitos sexuales contra las mujeres y niñas a nivel nacional. La mitad correspondieron a actos sexuales y acceso carnal abusivo con menores de 14 años en los que el 15% de las víctimas tenían menos de 10 años. Tal vez lo más grave es que 1 de cada 5 de estos delitos se cometieron en lugares “seguros” para las NNA, su hogar o su colegio.
En la Encuesta de Comportamientos y Factores de Riesgo en Niñas, Niños y Adolescentes Escolarizados realizada por el DANE se pueden encontrar algunas pistas que nos pueden iluminar sobre las causas profundas de esta situación de abandono.
¿Con quiénes viven? De las niñas, niños y adolescentes escolarizados, sólo la mitad viven con sus dos padres; el 27% viven sólo con su madre; el 4% viven sólo con su padre. El 19% restante viven con su madre y su padrastro o su padre y su madrastra u otros familiares.
Esto coincide con el Informe de Estadística Sociodemográfica en donde se descubre que el 54,2% de los hogares son biparentales, 28,9% monoparentales y el 16.9% unipersonales o sin padres.
¿Qué hacen cuando no están en el colegio? Aunque en Bogotá el 3 de cada 4 NNA escolarizados reportaron estar con su mamá cuando no estaban en el colegio, la cuarta parte se quedan con sus hermanos, papá, amigos, abuelos, otros familiares o no familiares, padrastros, etc., es decir que, de no estar su mamá se tienen que quedar con quien los pueda cuidar.
¿Tienen acceso a sustancias psicoactivas? 1 de cada 3 manifiestan haber consumido principalmente bebidas alcohólicas, cigarrillos y marihuana en sus múltiples presentaciones.
¿Cómo es su comportamiento sexual? sorprende encontrar que el 5% de las NNA encuestados tuvieron relaciones antes de los 12 años, así como una de cada 3 niñas y niños entre los 12 y 14 años, lo que en Colombia se constituye en un delito.
Aunque la mayoría comenzaron sus relaciones sexuales con personas de su edad, el 14% de ellos y el 23% de ellas lo hicieron con personas por lo menos 5 años mayores y el 6% de ellos y el 2% de ellas con un familiar.
Igualmente 1 de cada 3 han recibido propuestas o insinuaciones de tipo sexual; a 1 de cada 10 le han tocado alguna parte de su cuerpo de manera sexual sin que lo quisieran y el 6% han sido forzados a tener relaciones sexuales sin que lo desearan.
Una sociedad que abandona a su niñez y a sus adolescentes está destinada a no salir del ciclo de pobreza que como lo vaticinó la OCDE, en Colombia le puede llevar a una familia hasta 11 generaciones poder superarla y que sólo lo podrá hacer si abre el espacio suficiente a la educación.
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 2021 realizada por el DANE, a pesar de que sólo una de cada 2 personas en edad de trabajar se encuentra ocupada y que alrededor del 14% de las personas que quieren trabajar no lo consiguen, quienes conforman ese otro 86% de la fuerza de trabajo en Colombia, el 72%, la componen personas que sólo han llegado a completar su bachillerato.
En este grupo quienes llegaron a completar la primaria “trabajan” en su mayoría como independientes y a partir de la educación básica secundaria, la mitad trabaja como asalariados, incrementándose este número a medida que va mejorando el nivel educativo.
Aunque es claro que, a más alto nivel de estudios mejores trabajos, entre la población de quienes se encuentran trabajando sólo 1 de cada 3 estudian, lo que obstaculiza romper el ciclo de pobreza condenándolos a repetirlo en sus hijos y ellos en sus nietos.
En conclusión, el cambio de roles particularmente de las mujeres invita a una reestructuración de las responsabilidades domésticas entre los demás miembros de la familia para garantizar el cuidado de las NNA acompañándolos adecuadamente en su proceso educativo para que puedan romper el círculo de la pobreza liderando los procesos de construcción de una mejor sociedad para todos.

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