foto de diario del Magdalena
Por Brigadier General (Rva) Pablo Federico Przichodny
Todos tenemos razones para protestar, siempre existirá un motivo para hacerlo, pues es una manifestación natural del ser humano dada su constante evolución que hace que siempre se mantenga un nivel de insatisfacción en cualquiera de las facetas de la vida y mientras se tenga a quien endilgarle la culpa. Esta manifestación humana es tan válida como cierta y por ello en la constitución política, la que construyeron aquellos inconformes del año 91 (estudiantes “rebeldes”, exguerrilleros y políticos), se le dio mucho énfasis y la contempló como un derecho amparado en el artículo 37 que a la letra dice “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.
El derecho a la protesta en su real contexto no puede mirarse a la ligera, pues él viene asociado a una serie de artículos considerados dentro de nuestra profusa constitución política, pues ella amplía de una manera muy generosa, las formas de expresión individual y colectiva como cada ciudadano puede ejercer su derecho a la protesta y a manifestarse. Una veintena de articulados están orientados a la libertad de expresarse dentro de un ambiente de garantías, lo que contrasta con la anterior constitución del año 86, en donde solo tres de ellos versaban sobre el tema. Para efectos prácticos el derecho a la protesta mantiene un cordón umbilical con el derecho a la libre expresión (art. 20), a la libertad de asociación (art. 38) y a la huelga (art.56).
Pues bien, nuestro estado, el estado colombiano, el que se ha construido desde la fundación de la republica mediante el voto popular, ha venido cosechando más odios que afectos y aunque ese sentimiento no ha sido gratis, seguiré insistiendo que ver al estado por el nombre y apellido de quien ostenta el poder de gobierno, es perverso dentro de la firme intención de imponer un modelo social, económico y político diferente al de nuestra democracia, la cual con su apertura social se ha venido haciendo el seppuko, pues ha permitido que desde sus entrañas institucionales se venga desmontando los elementos que lo construyen mediante la estructuración formativa de sus ciudadanos, en los hogares y en la academia.
Lo anterior podría tener muchas explicaciones pero la principal, a mi juicio, es que quienes están alterando al estado, con buena o mala intención, son precisamente aquellos personajes que han crecido en el concierto de las libertades de nuestra muy joven constitución y que han venido incursionando en las estructuras burocráticas del estado, especialmente en la de la educación y la justicia, y que con su pobre formación de estado, han permitido que se abra una infinidad de puertas que viene dejando al mismo gobierno sin herramientas para mantener una posición fuerte en cuanto al legítimo ejercicio y aplicación del poder de gobierno en todo el territorio, mostrándolo débil, incapaz y fallido en algunas partes, creando el escenario ideal para impulsar los cambios que he señalado en el párrafo anterior.
Los elementos esenciales del estado afectados por esa fractura generacional que impone el libre desarrollo de la personalidad sobre todos los demás articulados constitucionales con la anuencia de togados y docentes, son muchos y solo a manera de referencia se nombra como afectada a la familia que pese a que el artículo 42 de la Constitución Política establece expresamente, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, este concepto vía sentencia de las funestas cortes se desvirtuó en beneficio de posiciones minoritarias que se quieren imponer sobre las mayorías, sin pretender desconocer con esto sus derechos.
Una vez desarticulado el núcleo esencial de la sociedad, manipulados los programas académicos en escuelas, colegios y universidades solo faltaba debilitar al elemento que constituye la fortaleza física de la nación representada por sus fuerzas militares y de policía. Los enemigos del estado, que son muchos, dentro y fuera de su estructura, algunos en la ilegalidad, pero los más peligrosos, los que se pasean a la vista de la farándula, de la academia y de los círculos políticos, con sueldos estatales, con seguridad oficial y desplazándose en vehículos blindados pagados con el erario público, ya se hace mucho se dieron cuenta, que ese elemento difícilmente lo podrían lesionar mediante el desarrollo de la lucha armada y es por ello que encontraron en la instrumentalización de la protesta social la mejor forma de lesionar la integridad de la fuerza legítima del estado.
El concepto de protesta pacífica como sana e ingenuamente lo contempla la letra constitucional, se comienza a perder cuando quienes ejercen este derecho alistan capuchas, garrotes, guijarros y bombas molotov para incorporarlas en su manifestación. El concepto de marcha pacífica se pierde cuando esos elementos son utilizados para lesionar los derechos de quienes no comparten las motivaciones de la protesta y son objeto de la violencia física de los manifestantes en lo personal y en su patrimonio. En este mismo sentido el concepto de marcha pacífica se pierde cuando los bienes de la nación son vandalizados. Valga decirlo, pero en principio toda manifestación o protesta se realiza en detrimento de los derechos de otros y por ello el concepto absoluto de pacifico, no existe.
Lejos está el pretender con este escrito criminalizar la protesta, pero es importante destacar que ella se puede dar de dos maneras; la primera como producto de una manifestación espontánea de la sociedad o parte de ella como resultado de alguna situación coyuntural y la segunda como producto de un plan, detallado y estratégicamente elaborado para mantener condiciones desestabilizadoras dentro de una comunidad, como en efecto se ha venido dando en los dos últimos años en nuestro pais. Es en verdad sorprendente la capacidad organizativa de quienes han optado por la instrumentalización de la protesta como mecanismo desestabilizador del estado. La capacidad de convocatoria, la cual usa las redes sociales y canales de Whatsapp en grupos o células bien organizadas y con puntos definidos de concentración, una estructura jerárquica, la financiación, la participación activa de miembros de las administraciones municipales y elementos de gobierno como respaldo político y línea de contención de los agentes del orden y un ejército de fotógrafos y videógrafos que fungen como periodistas para captar las imágenes que le sirva a la causa de alimentar la rabia y el desafuero. Tanto la primera como la segunda pueden tener razones o motivaciones legítimas lo que no se cuestiona, pero si su propósito.
Frente a la desconfiguración violenta de la protesta pacífica al gobierno, en cualquiera de sus niveles, no le queda otra obligación diferente a la de restablecer el orden perdido, el que no se pudo mantener pese a la presencia activa de veedores, personería, gestores de paz, funcionarios de convivencia, secretaria de gobierno y otros, y para ello debe recurrir a la fuerza legítima, que existe no por obra del espíritu santo, sino por mandato legal del estado dentro de su responsabilidad de mantener la tranquilidad ciudadana contemplada como fin esencial y derecho de los nacionales, dentro de la misma constitución que le da vida a la protesta.
Aquí viene una serie de interrogantes frente al panorama actual y derivadas del último pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Cómo definir entonces la proporcionalidad de la fuerza en una manifestación descontrolada?, ¿Qué equipo deben utilizar los agentes del orden cuando el manifestante violento utiliza cualquier tipo elemento como arma, algunas con altos niveles de letalidad?, ¿Cómo terminar una protesta que deja de ser pacifica sin ser represivo?, ¿Cómo garantizar el derecho a la protesta, aun siendo violenta, cuando esta termina violando el derecho de las mayorías a la movilidad, a la convivencia pacífica, a la seguridad entre otros derechos particulares y colectivos?. Los señores de las cortes han olvidado o nunca les importo los policías asesinados con papas bombas estalladas en sus rostros, se les ha olvidado a los policías incinerados, los policías heridos y muertos por impactos de armas de fuego, los apaleados sin misericordia. Los señores de las cortes deben saber y entender que morir en el cumplimiento de la misión es una opción, pero no es una obligación.
Se debe asumir que quienes asisten a una marcha o protesta pacífica, en esencia llevan ese espíritu, el de la paz, y que en ese mismo sentido cuando la violencia aflora durante la manifestación, aquellos que salieron con el sano propósito de solo protestar se deberían retirar del sitio de la posible confrontación, de tal forma que al momento de la llegada de la fuerza legal del estado, solo estén los violentos a confrontar y por ello se parte del principio que los que están allí son los vándalos pues se asume que los que no comparten la violencia ya no están. La Policía Nacional con sus efectivos solo actúa frente a los desmanes, por ello no es cierto que el estado no dé las garantías para que se realicen las manifestaciones pacíficas, pues estas se dan casi a diario en nuestro pais por una u otra razón. Existe una presunción de ejecución pacífica y por lo tanto, solo se protegen aquellas manifestaciones sin expresiones de violencia o que inciten al odio o la agresión.
Existe en Colombia una muy bien organizada estructura criminal encargada de instrumentalizar la protesta. En una marcha se pueden distinguir tres grupos; los que de manera ingenua terminan vinculados en ella dentro del sentir de que la motivación es justa; los que participan en ella como tontos útiles de los intereses ocultos de los organizadores y los que actúan como parte de misma estructura, encargándose de generar las condiciones para que la protesta pacífica termine en vandalismo y destrucción. El resultado final se palpa con los daños de bienes públicos y privados, la obstrucción vías que obliga a que miles de usuarios de los sistemas de transporte tengan que regresar a sus hogares a pie, agresiones a miembros de la fuerza pública entre otros efectos.
El modus operandi en la instrumentalización de la protesta es siempre el mismo. El vandalismo nunca aparece al comienzo de la misma, pues es necesario mostrar inicialmente el carácter pacífico de la marcha y esperar que los manifestantes entren en calor y se genere una sinergia colectiva motivada por arengas, música y otros actos aglutinantes. Una vez se llega al sitio de la marcha y agotada la agenda de la convocatoria se da inicio a actividades que comienza a darle otro contexto a lo que en principio era una manifestación legitima por tanto se obliga a la intervención de la policía, la cual actúa bajo la vigilancia implacable de un enjambre de personas quienes con cámara en mano esperan el momento justo para captar la reacción de los policiales frente a las agresiones de quienes entrenados para ello los atacan de diferentes formas y demostrar con ello la represión del estado al derecho a manifestarse “pacíficamente”.
