LOS ASESINOS MATAN CON IMPUGNIDAD, SE LES PAGA PARA ESTAR EN LA CARCEL CON EL DINERO PUBLICO Y SE LES REDUCE LAS CONDENAS…
¿HAY QUE IMPLEMENTAR LA PENA DE MUERTE?
La pena de muerte ha sido aplicada por todos los países de América Latina en algún momento histórico, aunque a inicios del siglo XXI está prohibida en la mayoría.
Actualmente, diecinueve países de las Américas abolieron la pena de muerte: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Quince países tienen todavía pena de muerte, aunque no realizan ejecuciones desde 2008: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barabados, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadidas, Trinidad y Tobago y Suriname
En la Argentina estuvimos a punto de tener la pena de muerte por electrocución. Sí, la silla eléctrica. Fue a causa de la convulsión causada entre 1932 y 1933 por el llamado “caso Ayerza”. Abel Ayerza era un estudiante de medicina que pertenecía a una familia muy rica de clase alta y de ideas políticas cercanas al fascismo. Lo secuestró un grupo de delincuentes que sólo quería plata, vinculados a un legendario mafioso de la ciudad de Rosario, “Chicho Grande”.
La pena de muerte no puede ser restablecida en el Derecho Penal argentino porque el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que desde la Reforma de 1994 tiene jerarquía constitucional, impide ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte a delitos no contemplados con esa pena en el momento de la ratificación de su ratificación.
Tampoco podría aplicarse la pena de muerte en los supuestos expresamente contemplados en el Código de Justicia Militar vigente para el personal de las Fuerzas Armadas, ya que el congreso nacional abolió el Código de Justicia Militar, que era el último remanente de aplicación posible de la pena de muerte en el país.
No existe posibilidad legal de aplicar la pena de muerte.
Para que legalmente pudiera restablecerse esta pena sería necesario que el Estado Argentino denuncie el Pacto de San José de Costa Rica mediante el procedimiento contemplado en el mismo Pacto que por exigencia constitucional debe estar precedido por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, que es imposible de lograr y que llevaría al absurdo de que Argentina saliese del sistema interamericano de Derechos Humanos.
Además sería necesaria una reforma constitucional, cuya necesidad debería ser votada también por los dos tercios del Congreso, para eliminar de la Constitución la jerarquía que hoy tienen los Tratados sobre Derechos Humanos enumerados en el artículo 75, inciso 22.
Pero en Argentina la pena de muerte existe y la aplican los delincuentes contra inocentes ciudadanos sin castigo alguno, los jueces que los liberan y no hacen cumplir las condenas y los políticos que miran con indiferencia para otro lado para no asumir la responsabilidad de proponer la pena de muerte para delitos contra la vida humana.
Los delincuentes tienen la licencia para matar en la República Argentina con una práctica ladriprogresista de jueces y fiscales, quien tiene esa licencia son los delincuentes.
Los delincuentes matan por cualquier motivo: si roban matan; si no roban matan igual.
Y si son atrapados, se los encierra y encima se les paga por cumplir condenas que luego no son cumplidas y liberados.
¿Puede quedar impugne los últimos asesinatos cada vez más crecientes?
¿Pueden vivir en esta sociedad estos asesinos cada vez más despiadados que no tienen valor por la vida del otro?
Los derechos humanos son para beneficios de estos delincuentes y no de las víctimas y sus familiares.
¿No es el momento de aplicar la pena de muerte y hacer efectivas las condenas a cadena perpetua sin ninguna clase de beneficios?
El director del centro de Opinión Pública de la universidad, Orlando D' Adamo, advirtió que "hay cada vez menos gente en contra" de esta práctica extrema.
- El tema de la pena de muerte sí que es un tema; esto lo medimos desde 2006 y vemos que cada vez hay menos gente en contra. En este momento un 48% de personas están en contra, un 40% a favor y un 12% que no sabe. O sea, que estamos casi en un mitad y mitad, yo creo que esto exige un debate en la sociedad argentina", dijo:
¿No es el momento de debatir la aplicación de la pena de muerte para terminar con esta ola de delitos aberrantes?
Y de acabar con el privilegio de los presos a cobrar sueldos y reducción de condenas por delitos aberrantes?
¿Usted qué opina?
Reservados todos los derechos Santiago Oreggia©
