El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Bolivia presentó hoy su informe final sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Originado en un acuerdo con el Estado en 2019, el trabajo del grupo fue impedido y postergado reiteradamente por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y recién pudo comenzar con posterioridad a la elección de Luis Arce en 2020.
A través de la recolección de una gran cantidad de evidencia, el GIEI logró consolidar el conocimiento colectivo sobre lo que sucedió en el país en aquellos meses de grave crisis democrática que incluyeron la renuncia forzada de Evo Morales y la asunción de un gobierno no electo e ilegítimo. Ocurrieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y una fuerte violencia social de carácter racista y misógino. Sin excluir a ninguna víctima, el informe permite complejizar el debate público apuntando los problemas sociales, políticos e institucionales por detrás de los casos.
En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, el GIEI determinó que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Numerosas violaciones involucran la responsabilidad directa del Estado. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y cometieron ejecuciones sumarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones sobre las muertes fueron a toda luz ineficientes e incluyeron autopsias plagadas de irregularidades, tal como señaló una revisión realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. También se destacaron el accionar arbitrario, la desidia e ineficiencia del poder judicial, con violaciones al debido proceso, uso político del derecho penal y abuso de las prisiones preventivas. Se persiguieron referentes, movimientos sociales, periodistas y activistas, particularmente del movimiento campesino-indígena. Todas estas responsabilidades deben ser investigadas de manera diligente, respetando el debido proceso y el derecho de defensa, con participación de las víctimas y familiares.
Los hallazgos del grupo permiten también discutir en profundidad la violencia social desatada en este periodo. Las situaciones de protesta generalizada se degradaron, en algunos casos, en hechos de grave violencia que afectaron tanto a personas afines al MAS, como a sectores contrarios a Evo Morales. El GIEI destaca de manera clara el rol que tuvo el motín policial realizado los días 8 y 9 de noviembre en la profundización de la violencia. El informe describe, asimismo, el carácter fuertemente autoritario de acciones tomadas por grupos civiles como el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y el impacto del discurso racista y anti indígena de sus líderes en la profundización de la violencia. Entre los hechos atribuibles a estos grupos y otros con características similares se encuentran los graves ataques y violentas amenazas contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo los que terminaron en la muerte del argentino Sebastián Moro.
Si bien todos los hechos implican una responsabilidad internacional del Estado, que tiene el deber de proteger a las personas también de actos cometidos por particulares, es importante diferenciar procesos que se dan a nivel social de violaciones planificadas y llevadas a cabo por agentes del Estado. Procesos distintos implican medidas diversas de reparación. La prioridad de las fuerzas sociales y políticas de Bolivia y de América Latina debe ser determinar lo que pasó y enjuiciar a les responsables, y la implementación de las recomendaciones realizadas por el GIEI para evitar que se repita.
Foto: CIDH
Fuente: www.cels.org.ar
