* por Enrique Gil Ibarra
El recrudecimiento de los hechos de violencia interpersonal en la mayoría de los países del “mundo civilizado” ha vuelto a poner sobre los escritorios de los despachos gubernamentales una vieja discusión que la “década globalizadora” había recluido bajo la alfombra: el problema de los “excluidos del sistema”, de los marginados, y la estrecha imbricación que este tema tiene con la inseguridad creciente en todas las ciudades del mundo. Hasta hace pocos años era un problema ajeno, propio de las grandes urbes, visualizado por los habitantes de las pequeñas ciudades como un mal lejano, provocado quizás por la pérdida de valores éticos característica de las metrópolis, por el “ritmo enloquecido” de un mundo extraño que se sentía (se suponía) externo, “de los otros”, que no llegaría jamás.
Tiende a pensarse con razón que los acontecimientos críticos por los que ha atravesado nuestro país son causas necesarias de esta situación. ¿Pero son suficientes?
Es absolutamente lógico suponer que el desempleo, la miseria, las carencias familiares, educacionales, afectivas, son un condimento indispensable en el crecimiento de la delincuencia y, por consiguiente, de la inseguridad. Pero estos factores que son sin duda, un buen caldo de cultivo, no alcanzan para hacer una buena sopa. De lo contrario, estaríamos obligados a inferir que todo aquel que se queda sin empleo automáticamente se convierte en delincuente. Que todo padre que no logra alimentar convenientemente a sus hijos sale a robar (situación que inclusive sería comprensible), pero esto sin duda no es así.
Cifras mundiales que asustan
Más de 434 millones de personas sufren escasez de agua. Cerca de 2.000 millones padecen hambre y sufren deficiencias nutritivas crónicas. De hecho el número de hambrientos ha aumentado en 18 millones desde 1995. La pobreza afecta a la tercera parte de la humanidad.
Es indiscutible que un importante número de personas de los sectores mas carenciados (elegimos no escribir “carecientes”), especialmente los jóvenes, han incorporado el delito como un método de supervivencia. Pero lo que debemos analizar es hasta qué punto esta situación no responde, más que a las carencias, a la certeza intuitiva de que, de todas maneras, “da lo mismo”. Conversando con jóvenes de entre 16 y 25 años, puede notarse que existe en ellos una subestimación de la importancia “moral” de la honestidad como forma de vida.
Entendiendo la “moral” no como valor absoluto, sino como convención social (colectiva) en una determinada comunidad y en un período específico de su historia, está claro que la forma de razonar mencionada no carece de lógica: en una sociedad en la que desde hace décadas la mayoría de la dirigencia roba “legalmente”, la distancia o diferencia moral entre hacerlo de traje o con un pasamontañas y pistola en mano es mínima.
Entra a jugar entonces, otro concepto: “La Etica”. La concepción del bien y el mal que rige la conducta del individuo en relación con su medio. Hace años (1993), este cronista tuvo la oportunidad de escribir para otra publicación una nota que tituló “Cría cuervos”. En ella se planteaba qué pasaría con los niños y adolescentes que nacían y crecían en el marco del “Estado ausente”.
La pregunta clave era, sin dudas, qué sentido de ética podía tener un joven que había crecido mal alimentado y vestido, sin educación, sin padres contenedores, adoptando la calle como primer hogar. La respuesta obvia era (y es) “ninguno”.
La sociedad (en su significado de comunidad) se mantiene como elemento cohesionado y cohesionante en tanto reporta a sus miembros ventajas comparativas. Alimento, cobertura, vestimenta, cariño, solidaridad, son algunas de estas “ventajas” que los miembros de un conglomerado esperan obtener por el sólo hecho de “pertenecer”, aportando individualmente trabajo que beneficia a la comunidad, a cambio de las mismas. Este “pacto” es el que genera en el individuo la lealtad al grupo, a la sociedad que lo alberga. No obstante, si la comunidad niega esa oportunidad impidiéndoles aportar lo necesario para que ese pacto se complete, y subsecuentemente retaceándoles las “ventajas”, daría lo mismo para esos ciudadanos vivir como ermitaños, y buscar la autosuficiencia.
El coeficiente de Gini
El coeficiente de Gini es una cifra entre cero y uno, que mide el grado de desigualdad en la distribución de ingresos en una sociedad dada. El coeficiente es igual a cero desigualdad (0,0 = desigualdad mínima) en una sociedad en la que cada miembro recibe exactamente el mismo ingreso y registra un coeficiente de uno (1,0 = desigualdad máxima) si un miembro recibe todos los ingresos y los otros, nada. En la práctica, los valores del coeficiente van de cerca de 0,2 para países como Bulgaria, Hungría, las Repúblicas Eslovaca y Checa, Polonia y los países escandinavos, pasando por 0,3 en Alemania y 0,34 en EE.UU., hasta 0,6 para Brasil, que es el país del mundo con la mayor desigualdad. También otros países latinoamericanos se acercan a ese último guarismo, p. ej. México, Guatemala, Honduras y Panamá. El país latinoamericano con el menor coeficiente de Gini es Uruguay (0,43). América Latina tiene en promedio 0,48.
(Fuente: Dirk Messner/ Inwent.org
http:/www.inwent.org)
Durante los últimos veinte años, nuestra sociedad ha creado una nueva generación que no ha recibido las ventajas pero a la que se le exige el cumplimiento de las reglas. Esta situación, que desde luego es imprescindible para la supervivencia del conjunto, se presenta a los ojos de esos “excluidos del juego” como radicalmente injusta e irracional: ¿Qué lealtad social podrían/deberían sentir? ¿Qué respeto hacia la moral (convención colectiva) o hacia la ética (dicotomía bien/mal) que no han visto jamás respetadas hacia sus propias personas o familias?
Concluía la nota de marras afirmando que nuestra sociedad estaba criando cuervos y, por consiguiente, luego no debería asombrarnos que desearan sacarnos los ojos.
Es triste (aunque no original) acertar un pronóstico como éste.
Pero más allá del estéril diagnóstico sobre una supuesta realidad estática al que somos tan afectos los argentinos, lo que urge es analizar las potenciales soluciones del problema.
¿Estamos solos?
¿Es la Argentina un fenómeno aislado en el mundo globalizado? Refiriéndose a los atentados contra las torres gemelas en Estados Unidos, decía Noam Chomsky: “El gobierno de George W. Bush busca utilizar el clima de temor e inseguridad del pueblo estadounidense para promover su agenda política y controlar a la disidencia. Tal vez el hecho central de estos atentados es que los ricos y poderosos han perdido su monopolio sobre los medios de la violencia en el mundo".
Podrá argumentarse que el terrorismo es otra forma distinta de violencia. Es cierto, pero secundario. Lo importante es la conclusión de Chomsky sobre el monopolio de la violencia en el país más poderoso.
Nadie puede negar, asimismo, que la inseguridad en las grandes urbes argentinas llegó bastante más tarde que en otras ciudades importantes del mundo civilizado: turistas de Madrid, París, Londres, Nueva York, Berlín, se asombraban hace pocos años de que en Buenos Aires se pudieran transitar tranquilamente las calles hasta altas horas de la madrugada, privilegio que ellos ya habían perdido hace tiempo.
Lo malo de esto es que, si bien la realidad cotidiana nos demuestra que en el combate contra la inseguridad estamos acompañados por casi todos los habitantes del planeta, también lo estamos en la carencia de soluciones viables, ya que en ningún país han podido disminuirse los índices de la misma.
Según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la proliferación de la violencia en el continente americano está asociada al aumento de la miseria y de la indigencia. Uno de cada tres niños tiene hambre y el 60% de ellos son pobres en América Latina, a pesar de la enorme capacidad del continente para producir alimentos. Cada año 190 mil niños latinoamericanos mueren por males ligados a la pobreza que podrían ser evitados. Actualmente cerca de 40 millones de niños viven o trabajan en las calles de América Latina. Solamente en América Central más de dos millones de niños están en el mercado de trabajo.
Ya en el 2001, la Revista de la Cruz Roja Internacional afirmaba: “La seguridad de los individuos ha dejado de estar necesariamente garantizada por los Estados”. Y su conclusión era: “Al lado de un sistema de protección basado en el Estado, la comunidad internacional debe concebir soluciones de mayor envergadura y diversificación a fin de garantizar la protección de los civiles, soluciones en las que participarían no sólo los Estados, sino también entidades no estatales, grupos de la sociedad civil, actores del mundo empresarial, de los medios de comunicación de masas y las poblaciones mismas”.
Lamentablemente, la apelación de la CRI no ha obtenido mayor respuesta.
Redefiniendo la seguridad mundial
Cada año, el Worldwatch Institute publica su informe anual sobre “El Estado del Mundo”. En el año 2005, José Santamarta Flórez, director del Worldwatch en España, apuntaba lo siguiente: “para dar a todo esto una solución hay que reforzar la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional, los programas de la FAO encaminados a reducir el hambre en el mundo... Necesitamos un mundo multipolar, donde haya más cooperación, donde se refuercen esos mecanismos y se intente solucionar lo que realmente es el eje del mal, no esas fantasías alucinatorias de pensar que tres o cuatro dictadores son el eje del mal. No sustituir el enemigo de la guerra fría del comunismo por unos pocos sátrapas que en general tienen un papel relativamente marginal. Ya se vio en Iraq, donde no había ni armas de destrucción masiva ni relaciones con el terrorismo de Al Qaeda y ahora todo se ha agravado". La opinión de Eric Assadourian, codirector del informe, es que hay que impulsar los Objetivos del Milenio y para ello "hace falta que los países desarrollados dediquen más fondos a Ayuda Oficial al Desarrollo. El dinero que cada año se destina a gasto militar se tendría que redirigir e invertir en desarrollo, porque esto también es seguridad".
Bellas palabras, sin duda, pero este cronista tiene la impresión de que en eso quedarán. Quizás sólo un mundo que busque y logre la igualdad sea más seguro. Pero, mientras tanto, el problema subsiste y nuestras comunidades exigen un accionar más eficiente que los discursos.
¿La culpa es del “Otro”?
Puede observarse claramente que, mientras nuestros países superan ampliamente a los países desarrollados en casos de muertes y lesiones causadas por otras personas, el porcentaje se vuelca a nuestro favor en los casos de violencia autoinfligida y suicidios.
Un primer análisis (superficial, por cierto) parecería indicar que mientras las sociedades desarrolladas generan en sus habitantes frustraciones individuales y sensación de fracaso personal, tendientes al auto castigo, las nuestras generan rencor hacia el otro y la búsqueda de culpables externos. Tal vez no sea casual. Estados Unidos ha hecho un culto del triunfo y la competencia (el país de las oportunidades), inculcando en sus habitantes la noción de que “cualquiera puede lograr lo que desee”. El fracaso, con esos conceptos, siempre es “culpa de uno”. En nuestros países, donde las “oportunidades” han brillado por su ausencia durante décadas, autorresponsabilizarse del fracaso parece cuando menos excesivo.
Europa se asemeja más a nuestra realidad. Por ejemplo, en Inglaterra y país de Gales se registran cada año 2,7 millones de incidentes violentos.
Las agresiones son la segunda causa de ingreso hospitalario en Inglaterra de los jóvenes entre 15 y 24 años. Se calcula que el costo global de la violencia inflingida por la pareja se eleva a 23.000 millones de libras esterlinas anuales.
Prácticamente la mitad de los jóvenes entre 10 y 14 años han sido víctimas de actos de intimidación en la escuela. Una cuarta parte de las mujeres y el 5% de los hombres han sufrido alguna forma de agresión sexual a lo largo de sus vidas.
Los delitos y las armas
Es importante analizar también la relación existente entre los delitos contra las personas y la posesión de armas de fuego, aunque sea una relación meramente estimativa y a título informativo, ya que es imposible medir certeramente si el arma utilizada en un delito de estas características es legal o ilegal. Desde luego, esta relación no puede ni siquiera intentarse con los delitos contra la propiedad, ya que en este caso la lógica indica que prácticamente en ningún caso el arma que se utiliza figura en los registros.
Vivir con lo nuestro
Pero el dicho afirma que “mal de muchos, consuelo de tontos”, y por consiguiente, si no queremos aprender a vivir con una violencia creciente, será necesario implementar medidas más eficaces que las utilizadas hasta la fecha. Los opinólogos han adoptado posiciones bastante definidas: por un lado, se encuentran los “garantistas” a ultranza, que propugnan un sistema comprensivo y liberal, afirmando que mientras subsistan las enormes desigualdades sociales nada podrá solucionarse. Son aquellos que no encuentran nada de malo en que, como lo dice el sentido común popular “los delincuentes entren al juzgado por una puerta y salgan por la otra”.
En el otro rincón, y siempre a la derecha de donde usted mire, se encuentran aquellos cuya frase predilecta para referirse a los delincuentes reincidentes es “hay que matarlos a todos”, y justificarían desde la tortura hasta el asesinato (de los delincuentes, claro) con tal de considerar bien protegidas sus propiedades y sus vidas, en ese orden.
Es evidente que ninguna de ambas posiciones -recordemos que en nuestro país se han experimentado ambas-, representa una solución viable y lógica.
¿Seguridad versus libertad?
Que las tendencias sociales oscilan pendularmente es una verdad de Perogrullo.
Este último y bienvenido período de desarrollo de las libertades está sin duda amenazado por el justificado reclamo social de mayor seguridad que, si se aplicara sin una profunda reflexión y cuidado, posiblemente terminaría limitando el ejercicio de derechos individuales. Este proceso, que ha ocurrido ya en varios países y cuyo mejor ejemplo es Estados Unidos, puede darse también en el cono sur.
Hace casi 400 años un pensador inglés, Thomas Hobbes (1588-1679) escribió un tratado de filosofía política que llamó “Leviatán” (ser mitológico monstruoso, mezcla entre serpiente de mar y ballena), en el que defendía el absolutismo del Estado como herramienta indispensable para combatir los males de la anarquía, el caos y la Revolución que, según él, estaban encarnados en la Reforma. La teoría de que libertad y seguridad son incompatibles no es nueva, como podemos observar.
¿Pero es real? ¿Necesariamente la búsqueda de la seguridad en el siglo XXI requiere una reducción de las libertades? ¿Hasta donde estamos dispuestos a perder libertades a cambio de seguridad? ¿Utilizarán los gobiernos el miedo para recortar derechos sin una justificación sólida?
De hecho son varios los países que en mayor o menor medida están "aprovechando" la actual situación de inseguridad mundial para realizar recortes en las libertades. Y lo curioso es que en algunos casos hasta son mayoritariamente apoyados por los pueblos a los que gobiernan.
¿Quién tiene la culpa?
Se critica a la Justicia por su lentitud, inoperancia (lo que es cierto) y hasta corrupción, pero podríamos pensar también que los jueces trabajan con leyes que no se adecuan a la realidad actual, por lo que deberíamos exigirles también a los legisladores un poco de labor creativa.
Por otro lado, quizás sería hora de solicitarle a la comunidad una mayor participación en el tema, tal como lo dice la Cruz Roja Internacional, y permitir que las personas comunes podamos intervenir, para ver cuán difícil es decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un sospechoso. Me refiero, claro está, a la implantación del juicio por jurados, establecida por la Constitución Nacional en 1853 (arts. 24, 75 inc. 12 y 118), por la reforma constitucional de 1994, por la Constitución de la provincia del Chubut (arts 135 inc. 27; 162 y 172), etc.
Pero desde luego el juicio por jurados, si bien agilizará la administración de justicia, no resolverá el problema de fondo.
¿Y la policía?
Por su parte, la policía se queja, y bastante. Insisten en que constantemente detienen delincuentes y los ven, una o dos semanas después, caminando por las calles. Esta es una realidad comprobada por cualquier vecino y que aparentemente sería inevitable de acuerdo a las leyes actuales. Por otra parte, también muchos policías han cometido serios errores de procedimiento y, en varios casos, abusos y violaciones inaceptables de los derechos humanos. Algunos sectores de la estructura policial han llegado a proponer la instauración de la figura “del merodeador”, un método muy antiguo, que se utilizaba hace años cuando las actuales ciudades eran pueblos y todos se conocían, y que hoy no sería otra cosa que detener a cualquiera por “portación de cara”.
La necesidad de la reinserción social
Sin reinsertar social y laboralmente a los desplazados de nuestra sociedad, será inútil exigirles el cumplimiento de un “pacto” unilateral e injusto.
Es imprescindible comenzar a generar, desde el Estado, alternativas que excedan la simple asistencia social. Esta debe ser gradualmente remplazada por emprendimientos productivos viables, cuya ejecución y gerenciamiento no queden inicialmente a criterio del beneficiario, sino que el aporte del Estado sea precisamente (además de la financiación), la elaboración y seguimiento en el tiempo del “plan de negocios”, hasta que la empresa se demuestre autosuficiente.
Mientras tanto, el delincuente debe ser punido. La única “solución” que ofrecen los especialistas es construir nuevas cárceles, más grandes y seguras.
No se toma verdaderamente en cuenta la realidad del interior de los penales: celdas atestadas, organizaciones delictivas jerarquizadas, complicidad y cobertura en muchos casos de los mismos guardianes y, por sobre todo, la realidad con la que se estrellará el recluso al terminar su condena: sin dinero, sin trabajo ni posibilidad de conseguirlo, en muchos casos abandonado por su familia, sin vivienda, etc. Es evidente que el actual sistema no sólo no prevé la rehabilitación del recluso, sino que lo empuja a volver a delinquir, ya que muchas veces ésta es la única alternativa inmediata que logra visualizar un ex convicto que, recordémoslo, generalmente tiene un pobre nivel educacional y reducidas capacidades intelectuales.
Menos reincidencia = menos delito
Es importante disminuir los niveles de reincidencia ya que, como bien han expresado muchos funcionarios, la mayor parte de los delitos son cometidos por personas que han cumplido condenas anteriores, de mayor o menor gravedad.
El Estado tiene la urgente necesidad de implementar un programa de atención especializada, sistemática y continua, orientada a modificar los comportamientos antisociales de aquellos reclusos con posibilidades ciertas de reinserción.
Para ello es necesario comprender en la práctica que no es lo mismo un violador y asesino que un falsificador de cheques o un ladrón de pasacassettes, y que el lugar común “ladrón una vez, ladrón siempre”, no es obligatoriamente un axioma.
Si esto se comprende, deja de tener lógica y racionalidad el criterio de reclusión indiscriminada utilizado actualmente, mediante el cual, en el mismo penal, conviven reclusos sin otra cosa en común que haber sido declarados culpables de un delito, cualquiera que éste fuera. La rehabilitación del delincuente debe ser una política de Estado. En la actualidad no existen presupuestos dignos para una verdadera rehabilitación del recluso en nuestro país, y por ello tampoco existe un Programa de Rehabilitación consecuente en el tiempo.
Las pocas actividades que se desarrollan dirigidas a modificar la conducta del reo, son encaradas por iniciativa individual de algunos funcionarios concientes, de personal técnico o de gestiones de organizaciones no gubernamentales con el apoyo de organismos internacionales.
No hay una explicación válida para no implementar las granjas de reclusión para reos de baja y media peligrosidad, método que se está aplicando desde hace años en otras partes del mundo y que ha logrado un mensurable índice de rehabilitación en los reclusos.
Derechos y Garantías
La ansiedad de eliminar o por lo menos disminuir la inseguridad que aqueja a nuestras sociedades no debe alentarnos a adoptar medidas que indefectiblemente limitarán nuestros derechos ciudadanos. Hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido, que las libertades básicas y los derechos humanos son innegociables. La solución a la inseguridad no es la restricción de esos derechos, ni el abandono de la ley, ni el olvido de la justicia. Esto no hace más que dar la razón a quienes provocan la inseguridad. Por ello, el equilibrio y la mesura son una condición insoslayable para nuestros tiempos.
El libro de George Orwell “1984”, es una novela que me encantó leer, pero describe una sociedad en la que no me gustaría vivir.
* Periodista. Coordinador Periodístico de LU17 Radio Golfo Nuevo – Puerto Madryn - Chubut
