Foto de la FM
*Por Carlos Eduardo Lagos Campos.
Fuertes enfrentamientos se realizaron entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las FARC, en Timba, Cauca, Timba y sectores aledaños, que son emporios de la producción de cocaína. Tras los enfrentamientos algunos miembros de la comunidad expulsaron a las unidades de soldados por medio de una que ocurrió en el casco urbano del corregimiento, esto se hizo de manera indignante para las tropas a través de insultos, gritos y arengas; lo que implicó que las fuerzas del orden tuvieran que retirarse de la zona. Según los informes preliminares de las autoridades, aproximadamente 18 presuntos disidentes de las FARC atacaron a los soldados con armas de largo alcance. (Noticias Caracol)
Consultados tres Generales de las Fuerzas Militares se pudo establecer que:
La presencia de las tropas les daña el negocio del narcótico. ¿Para que el Ejército ingrese a determinados emporios de Coca, debe de pedir permiso a los narcotraficantes de la zona?
Esta situación, repetitiva, por cierto, es la nueva forma de anular la acción legítima del estado. Las comunidades del Cauca desde hace unos años implementaron la figura de la "resistencia pacífica" para demostrar su desacuerdo con los llamados actores armados del conflicto y esta manifestación fue instrumentalizada por los grupos delincuenciales para neutralizar operaciones de captura de delincuentes, erradicación de cultivos, destrucción tanto de laboratorios, como de dragas para la minería ilegal, y especialmente para despejar áreas y corredores para el transporte de la droga.
Los delincuentes saben que los soldados nunca harán uso de sus armas para repeler una asonada o un secuestro colectivo como los que ya nos estamos acostumbrando a ver en Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander y aprovechan esa restricción para promover las movilizaciones que neutralizan la acción militar y policial.
Este trato como muchos temas con la dignidad y constitucionalidad de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, se está queriendo volver costumbre y no se puede ni debe permitirse por un Gobierno Nacional Legítimamente constituido, el cual tiene la responsabilidad de representar no solamente a quienes votaron por él para que saliera elegido; sino que es su responsabilidad como jefe de Estado representar a todos y cada uno de los colombianos.
Para mayor claridad se comparte la carta abierta enviada al señor presidente de la República por las organizaciones y agremiaciones de miembros de la Fuerzas Armadas de Colombia:
“Los Reservistas, Veteranos, Víctimas y Pensionados de la Fuerza Pública reiteramos nuestro
inquebrantable amor por nuestra patria, y nuestro indeclinable compromiso con el respeto a
nuestra Constitución Política, sistema democrático, solidez institucional y nuestro Estado
Social de Derecho. Largos años de dedicación y sacrificio en defensa de la asediada
democracia de Colombia nos acostumbraron a mantenernos atentos y activos para continuar
la lucha por la defensa, seguridad y bienestar del país.
Como es de su conocimiento, el Artículo 2 de la Constitución Nacional indica, en su parte
final:
“son fines esenciales del Estado …defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
En representación de las entidades de Reservistas, Veteranos, Víctimas y Pensionados de la
Fuerza Pública reunidas en la Mesa Permanente de Trabajo “Fuerza Púrpura” estimamos
necesario expresarles nuestra profunda preocupación por gravísimos hechos recientes del
ámbito nacional que consideramos dan cuenta de serias falencias en los procedimientos de
los diálogos que se adelantan en el marco de la iniciativa del gobierno nacional denominada
“paz total”.
Estas falencias han tenido como consecuencia muy serias alteraciones del orden público,
dramática desprotección de la población civil en territorios vulnerables, y una grave
afectación al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública.
Paradójicamente, las falencias que nos permitimos referir a continuación están teniendo
también impactos negativos no solamente en la evaluación del desempeño del gobierno sino
en los mismos diálogos de paz, que se ven afectados por la falta de criterios claramente
definidos, públicamente conocidos y por la ausencia de líneas rojas que sirvan de
salvaguardas en temas de la mayor sensibilidad, sobre todo los relacionados con derechos
fundamentales, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
SECUESTROS. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
El país se conmocionó con el secuestro del señor Mane Diaz, padre del reconocido
jugador de la Selección Colombia Lucho Diaz. El hecho fue totalmente conocido en el
país, y muy ampliamente informado a nivel internacional, constituyendo natural
vergüenza para toda la nación colombiana. Tras varios días del infame secuestro el señor
Diaz fue liberado, en medio de versiones de que el futbolista debió pagar rescate para el
efecto. A raíz de este desafortunado “incidente” la nación ha venido a enterarse del
lamentable resurgimiento de esta práctica criminal y de la existencia de gran cantidad de
colombianos cautivos por parte de organizaciones criminales, sin que se sepa número
exacto, sin que se tenga información pública sobre su suerte, sin que cuenten con la
fortuna de tener por parte del Estado el mismo trato dispensado en un caso de impacto.
Al respecto cabe comentar:
El secuestro, llámese como se quiera llamar, es un aberrante crimen de lesa
humanidad de acuerdo con normas nacionales e internacionales.
Nada justifica la comisión de crímenes de lesa humanidad, mucho menos la
materialista supuesta necesidad de financiamiento de una organización
cualquiera.
Ningún gobierno legítimo puede aceptar bajo ninguna circunstancia la práctica
del secuestro ni el uso de eufemismos para soslayarla, lo que constituiría un grave
incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en materia de
protección y garantía de Derechos Humanos.
En relación con crímenes de lesa humanidad el Gobierno Nacional está en la
obligación de establecer frente a las organizaciones con las que negocia una
posición clara y firme, de forzosa aceptación, que impida su comisión so pena de
cancelación de la negociación.
El Gobierno Nacional está en la obligación de exigir la liberación inmediata de
todos los secuestrados.
Impensable resulta también que como condición para liberar a los secuestrados el
Gobierno Nacional se deje extorsionar. La propuesta de que el Gobierno o la
comunidad internacional financien a grupos criminales para que estos dejen de
delinquir temporalmente mientras dialogan, estando vigente su condición de
grupo ilegal y su comisión de delitos, manteniendo aun su capacidad armada, y
sin garantías sobre el resultado de las conversaciones, es rechazada
categóricamente por la nación.
MECANISMOS DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN. INOPERANCIA Y
AUSENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Se han incrementado notablemente los crímenes de diferentes tipos, muchos de los cuales
son atribuidos a organizaciones con las que el Gobierno Nacional adelanta negociaciones.
En algunas de estas negociaciones están implementados ya Mecanismos de Monitoreo y
Verificación y vigilancia por integrantes de la ONU, la iglesia católica y de los países
garantes. Paralelamente, existentes entidades de investigaciones y estudios hacen
seguimiento a los fenómenos criminales y presentan resultados periódicamente; así, por
ejemplo, INDEPAZ reportó que “entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre se presentaron
11 acciones cometidas por el ELN, entre las que se encuentran enfrentamientos con otros
actores armados, amenazas, enfrentamiento con la Fuerza Pública, secuestro a civiles,
retenes ilegales y patrullajes”
Pese a lo anterior, la acción de estos mecanismos de monitoreo y verificación y de estos
garantes es opaca. Hoy por hoy se desconocen acciones, resultados de gestiones,
informes, balances, reportes abiertos a la opinión pública, etc. La población está bajo la
certeza de que estructuras de las organizaciones con las que se han pactado ceses de fuego
continúan delinquiendo de forma grave, incumpliendo lo acordado, y bajo la impresión
de que los mecanismos de monitoreo y los garantes están haciendo poco o nada para
evitarlo e informar al respecto.
Ante esto, de cara al Gobierno surgen cuestionamientos con delicadas implicaciones: ¿el
Gobierno no tiene las mismas impresiones que la población que padece el accionar
criminal? ¿el Gobierno no recibe retroalimentaciones de las autoridades de los territorios
azotados? ¿los mecanismos de verificación y los garantes tampoco están sintonizados con
los padecimientos de la población? ¿o sí lo están y sí están recibiendo la información,
pero no informan ni al Gobierno ni a nadie? ¿cuál es el reproche institucional a las
infracciones de las estructuras armadas al cese al fuego? ¿cuáles serán las consecuencias?
¿cuáles las medidas que se adoptarán desde las mesas de negociación?
Por lo anterior se considera necesario que el Gobierno Nacional haga un llamado a los
mecanismos de monitoreo y a los garantes para que extremen el cumplimiento de sus
obligaciones, en especial la de informar debidamente a la nación y presentar
públicamente evaluaciones periódicas del mandato, que contengan informes imparciales
y objetivos.
LIMITACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN CONSTITUCIONAL
DE LA FUERZA PÚBLICA
Diversas son las preocupaciones relativas a la afectación al cumplimiento de la misión
constitucional de la Fuerza Pública que están teniendo decisiones con relación a las
negociaciones, o en el marco de estas.
Caso El Plateado. Asonadas, secuestro de tropas, “cercos humanitarios”,
coacción e instrumentalización de población civil
El país observó impresionado los recientes casos en El Plateado y en Timba Cauca
(de ya muchos) de asonadas y secuestros de tropas del Ejército Nacional por parte de
pobladores civiles coaccionados e instrumentalizados por una organización criminal;
1
https://www.elpais.com.co/colombia/eln-ha-cometido-11-acciones-ofensivas-en-medio-del-cese-del fuego-segun-indepaz-0541.html
En el caso de EL Plateado sin embargo surgió una información adicional que generó
mayor indignación que en casos previos: la aparente existencia de un acuerdo entre
representantes del Gobierno Nacional y miembros de la organización criminal para
“permiso” de ingreso del Ejército Nacional al casco urbano para garantizar la jornada
electoral, y para el “establecimiento de la fecha de su retiro mandatorio”; lo anterior
con el agravante de ocultamiento por parte de las autoridades involucradas, o de
prácticamente nula y en todo caso errática información oficial al respecto.
Consideramos que situaciones de semejante implicación se dan por las siguientes
razones, entre otras:
Indefinición clara y precisa, incluso georefenciada, de zonas de despeje, como ha
sido práctica tradicional en estos casos, con resultados satisfactorios.
Despeje de cascos urbanos largamente sometidos a intenso accionar criminal, sin
medidas complementarias ni garantías por parte de la organización criminal.
Acuerdos del Gobierno con la organización delincuencial que comprometen el
cumplimiento del Artículo 2, 217 y 218 de la Constitución Nacional y la misión
constitucional de la Fuerza Pública.
Falta de previsión e inteligencia y contrainteligencia sobre la presencia de
estructuras de guerrillas y/o de guerrilleros de civil (incluso residentes) en cascos
urbanos.
Incremento del reclutamiento forzado y de la capacidad de coacción por parte de
estos grupos armados ilegales a raíz de la crisis de la coca que viven actualmente
esas poblaciones.
Desaprovechamiento por parte del Gobierno de condiciones favorables para
sustitución de cultivos derivadas de la crisis de la coca, en línea la intención de
sustituir las economías ilícitas que permitan la supervivencia sostenible de los
pobladores.
Asonadas y anarquía por ausencia de criterios claros para las partes de la
negociación.
Ceses al fuego entre las FF.MM y organizaciones criminales por separado sin
compromiso de cese al fuego entre organizaciones criminales; la población civil
inmersa se convierte en víctima de estos enfrentamientos entre las estructuras
criminales.
Es necesario que el Gobierno nacional replantee la negociación de estos ceses
bilaterales al fuego con los grupos armados organizados, con el fin que se extiendan
a ceses de hostilidades con acuerdos, protocolos y procedimientos claros y definidos,
con georreferenciación y alcance regional, evitando la instrumentalización de la
población civil y que se entregue la seguridad como una franquicia a estos grupos
ilegales.
Riesgos para los integrantes de la Fuerza Pública y Agentes del Estado
El ejercicio militar y policial implica grandes riesgos jurídicos en virtud de acciones
u omisiones en las que se pueda incurrir por causa, y/o con ocasión y/o en relación
con el servicio. En materia de defensa y seguridad son los integrantes de la Fuerza
Pública quienes están obligados directamente a poner pecho y cumplir los mandatos
legales y las órdenes impartidas por la autoridad civil.
En este sentido, toda orden o medida que involucre el accionar de la Fuerza Pública
y que no sea meridianamente clara, o que pueda incluso resultar contradictoria con
otras disposiciones o mandatos legales, pone en claro riesgo jurídico al personal
militar y policial y también en grave riesgo físico, como se demostró en el reciente
caso El Plateado ya comentado, para no referir muchos más.
Patrullajes abiertos de estructuras armadas ilegales afectando a población e
intimidándola, “inauguración” de vías y coparticipación en eventos de carácter
oficial, reuniones de ilegales con la población coaccionada, “decretos” y ejecución de
paros armados, enfrentamientos entre estructuras ilegales con afectaciones a
pobladores, y en general aceptación pasiva de anomalías de los integrantes de estas
organizaciones sin reclamos y exigencias del Gobierno ¿pueden eventualmente
considerarse en el futuro como omisiones gravísimas de los diferentes agentes del
Estado que terminen pagando con énfasis los miembros de la Fuerza Pública, como
ha sido habitual y como se ve hoy marcadamente en actuaciones de la JEP?
En este sentido no cabe duda de que acuerdos realizados entre el Ejecutivo y las
estructuras armadas con amplias y numerosas zonas grises e indefiniciones y
aceptación pasiva de situaciones contralegales ponen en serios riesgos jurídicos y
físicos a las tropas. El anterior escenario genera la percepción de la renuncia del
gobierno para ejercer plenamente su autoridad permitiendo la gobernanza criminal y
la fragmentación del estado colombiano
Inteligencia, Contrainteligencia del Estado
La inteligencia militar como capacidad estratégica genera la información necesaria
y la anticipación accionable requeridas para que las FF.MM puedan neutralizar
amenazas contra el Estado y la sociedad colombiana; sin embargo, notamos con
preocupación que esta capacidad se ha venido debilitando y desmantelando, por
diferentes razones, afectando de manera grave la capacidad operacional de la
fuerza armada legitima.
Los medios físicos y presupuestales de la Inteligencia Militar también se han
reducido, agrandando las limitaciones crecientes de la misma.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) está siendo dirigida por funcionaros
neófitos, y con claras perspectivas ideológicas y políticas, en contravía de criterios
universales en la materia que recomiendan que los gobiernos aseguren la
neutralidad de estos cuerpos, por la delicadeza de su misión.
Las consideraciones anteriores pretenden llamar la atención sobre la imperiosa
necesidad del ejercicio prevalente de la autoridad legítima, del restablecimiento de la
protección de la población hoy deteriorada, de la normalización del cumplimiento de
la misión constitucional de la Fuerza Pública, de la obligada intransigencia en materia
de defensa de Derechos Humanos, de la mandatoria prohibición de transacciones
omisivas con crímenes de lesa humanidad, de la corrección de falencias en los
diferentes diálogos de paz con organizaciones criminales, del establecimiento de
criterios claros y líneas rojas para acotar las negociaciones en marcos de respeto de
normas internacionales y nacionales, y de ajustes a la actuación de los Mecanismos
de Monitoreo y Verificación (MMV) realzando la conveniencia de que la información
que estos mecanismos manejen sea abierta y transparente, de fácil escrutinio público.
En otras palabras, actuar de manera rápida y decidida con contundencia para evitar
que el país no siga en la senda de su fragmentación, cediendo la gobernanza a la
criminalidad y franquiciando la seguridad.”
Firman:
-ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LAS FF.MM
“ACORE”
CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES RETIRADOS DE LAS FF.MM
“CGA”
COLEGIO DE GENERALES DE LA RESERVA POLICÍAL
CONSEJO DE EX DIRECTORES DE LA POLICÍA NACIONAL
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL “ACORPOL”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SUBOFICIALES FF.MM EN RETIRO
“ACOLSURE”
AGREMIACIÓN NACIONAL DE LA RESERVA VETERANOS Y SOCIEDAD
CIVIL DE COLOMBIA “ANRAVEC”
ASOCIACIÓN DE OFICIALES RETIRADOS DE LA FUERZA AÉREA
COLOMBIANA “ASORFAC”
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”
GRUPO DE INGENIEROS MILITARES Y DE LA RESERVA FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS
COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICÍA NACIONAL
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES VETERANOS DE COREA
“ASOVECOR”
UNIÓN DE LA RESERVA POLICIAL “UNDERPONAL”
UNIDAD SIMBÓLICA ANTONIO RICAURTE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PARACAIDISTAS “ASIPAR”
DIVISIÓN DE INFANTERÍA JOSÉ MARIA CÓRDOVA
REGIMIENTO DE CABALLERÍA SAN JORGE
GRUPO ARTILLERÍA SANTA BARBARA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS
MILITARES (CAEM) Y DEL CURSO INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL
(CIDENAL) “ASOCACI”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENTES Y PATRULLEROS EN RETIRO DE
LA POLICÍA NACIONAL “ACARPOL”
LIGA MARITIMA DE COLOMBIA "LIMCOL"
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS
MILITARES EN RETIRO “FECOLSURE”
FERDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
FUERZA PÚBLICA “FERPOL”
UNIDADES SIMBÓLICAS RESERVA ACTIVA DE FF.MM SARGENTO
INOCENCIO CHINCA
ORGANIZACIÓN RESERVA ACTIVA COLOMBIANA “ORAC”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SARGENTOS MAYORES Y EQUIVALENTES
EN LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL “ACOLSAMAYE”
ASOCIACIÓN HEROÍNAS DE LA FUERZA PÚBLICA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SUBOFICIALES CON ASIGNACIÓN DE
RETIRO PENSIONADOS DE LAS FF.MM “ASURCA”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SOLDADOS E INFANTES DE MARINA EN
RETIRO Y PENSIONES DE LAS FUERZAS MILITARES “ACOSIPAR”
ASOCIACIÓN DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA
COLOMBIANA “ASURFAC”
FUNDACIÓN DE SUBOFICIALES DEL ARMA DE INGENIEROS MILITARES
“FUSUARIN”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA,
PENSIONADOS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL RÉGIMEN
ESPECIAL 1214/90 Y DECRETO 2743/10 "GENERAL GABRIEL PARÍS".
“ASOGEPAR”
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA
“COOMITAN”
FUNDACIÓN NACIONAL DE VETERANOS DE COLOMBIA “FUNTEV”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE COMUNICACIONES
DEL EJERCITO “ASURCOM”
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS
FF.MM EN RETIRO “COOMUATOLSURE”
COOPERATIVA JOMAGUCOOP CURSO EL FOGOSO 1975
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO “COOLEGUIZAMO”
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIROS “COOMILITAR”
ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA “ASIMAR”
ASOCIACIÓN DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA “ASOPECOL”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE INFANTERÍA PASO DE
VENCEDORES DE LA RESERVA ACTIVA “ASOINFANTERIA”
FEDERACIÓN DE VETERANOS
GRUPO DE OFICIALES CARABINEROS “GOCAR”
CURSO TOMAS RUEDA VARGAS 1976
CURSO 450 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ASOCIACIÓN DE OFICALES, SUBOFICIALES, SLP Y CIVILES DE LAS FF.MM
REGIÓN DEL SUMAPAZ “ASRUM”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS
FF.MM Y PONAL “ASUALUD M.P”
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR DE MEDELLÍN
“MISALUDMED”
ASOCIACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN RETIRO
“AMIFUR”
ASOCIACIÓN DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA POLICARPA
SALAVARRIETA “DIPOS”
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MILITARES Y POLICÍAS VÍCTIMAS DE
CONFLICTO “ACOMIVIC”
ASOCIACIÓN HUILENSE DE MILITARES RETIRADOS “ASHUMIR”
ASOCIACIÓN DE RESERVAS UNIDAS DE LA FUERZA PÚBLICA-ASORUC
ASOCIACIÓN CURSO 26-56 SUBOFICIALES FUERZA AÉREA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD-ASOSDES
ASOCIACION DE LA RESERVA PUERTO SALGAR Y LA DORADA
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FF.MM
“ACOLSURE ATLÁNTICO”
ACOLSURE ATLÁNTICO
SEGUNDO CURSO FEMENINO DE SUBOFICIALES DE EJÉRCITO
Hasta aquí la Carta, esperamos que el presidente Gustavo Petro Urrego escuche el clamor de las reservas de nuestras Fuerzas Militares y de Policía y tome los correctivos y sugerencias que de manera seria y ordenada están haciendo nuestros reservistas y veteranos.
*Abogado
Presidente del Centro de Pensamiento Libre
