Comienzo esta nota periodística haciendo la aclaración pertinente y necesaria que las denuncias que se formulan no son de carácter personal o particular, todo lo contrario, obedecen a un claro y evidente malestar ciudadano del departamento de Nariño y de la ciudad de Pasto. No es, como han tratado de hacer ver las autoridades de Transito y Transporte de Nariño, un asunto meramente personal y que únicamente me afecta a mí.
Ya son muchas las inquietudes y denuncias que he recibido de distintos actores afectados por la grave problemática de lo que se ha denominado “El Cartel de las Grúas”. El periodista Miguel Villarreal realizó hace poco un informe sobre este tema en particular y que se ha difundido a través de la televisión local y regional en el cual se anuncia denuncias ante procuraduría y fiscalía ante presuntos abusos.
Para los afectados el problema radica en la inexistencia de oficinas o dependencias de secretarías de transito en su respectivo municipio, lo que obliga, en caso de una inmovilización vehicular trasladarse hasta la ciudad de Pasto para realizar las gestiones pertinentes y tratar de recuperar su vehículo de uno de los parqueaderos en esta ciudad. Los gastos son elevados, la espera es muchas veces interminable y la atención lenta y tortuosa. La pregunta evidente es por qué razón o razones las diferentes alcaldías no cuentas con las respectivas oficinas aliviando trámites y gastos. No se entiende como un municipio no cuente con estas dependencias; esta negligencia no tiene por qué asumirla el afectado
Pero más allá de esta sola razón causa inquietud las altas tarifas que cobran las empresas prestadoras de grúas, que no son reguladas ni controladas por autoridad competente. Los costos, según precios fijados por estas empresas de grúas, oscilan entre 200 mil pesos y ochocientos mil pesos. Para la funcionaria Francis Duque, Subsecretaria de Transito y Transporte de Nariño, el servicio de grúas “No se presta directamente por el departamento, por esta razón nos ha causado un poco de problema hacer una regulación…”. Reconoce que este vacío legal ha generado inquietudes y molestias entre los afectados: “En aras de las inquietudes y molestias que se vienen presentando por algunos de los usuarios que han sido afectados por alguna inmovilización, la secretaría de tránsito pudo lograr y ya tenemos los estudios respectivos de los costos que puede acarrear el kilómetro andado por la grúa. En los próximos días por parte de la secretaría de tránsito estaremos radicando en el departamento de contratación un proceso para escoger un único operador… para poder regular un poco estas tarifas…”. Esperamos en breve conocer este proyecto de acuerdo con su compromiso con la ciudadanía nariñense y en cumplimiento de su labor.
Pero no deja de preocupar que el departamento de Nariño a través de la entidad correspondiente no haya tomado las medidas del caso y se permita la operatividad de una empresa sin que se regulen los precios y permitiendo cobros exagerados y lesivos para los afectados. Esto, nos parece, y consideramos, es un acto de ilegalidad que ha permitido la Secretaría de Tránsito Departamental pudiéndose ver abocada a demandas por parte de quienes han o hemos sufrido el cobro excesivo de un servicio que opera como rueda suelta y se fija a sí mismo las tarifas sin que medie intervención de autoridad competente. Y más aún que durante muchos años nadie le haya puesto coto al asunto. También deja mucho que desear el estado mecánico y operativo de las grúas y que sin duda alguna pueden, si ya no ha sucedido, generar accidentes mayores y graves durante su servicio.
También expresamos el malestar ciudadano cuando expresamos que el trato de los agentes no es el mejor, ahí están los testimonios y su modo de actuar con los afectados. Mucho menos que se permita el ingreso de vehículos ecuatorianos y después de un largo recorrido se los inmovilice aduciendo la falta de un documento y se solicite a Pasto una grúa que lo trasporte hasta un parqueadero de la ciudad de Pasto. Esto puede obviarse sencillamente delegando a un agente en la entrada a nuestro país y brindando una asesoría pertinente y clara, evitando un posible incidente de carácter binacional y no ahuyentando a turistas que traen dólares y un significativo aporte para la economía regional.
Preocupa realmente que sucedan estas cosas, que no se regulen precios, que se permita el libre cobro a las empresas, que se ultraje al ciudadano, que no existan oficinas de transito en los distintos municipios, que la atención no sea la mejor, que el estado de las grúas no sea óptimo y que se afecte el bolsillo y la tranquilidad de los usuarios.
Y lamentable el estado de los parqueaderos, que en realidad más parecen gallineros de tercera categoría, sin la seguridad del caso, sin instalaciones adecuadas, con oficinas destartaladas y obsoletas, sin una atención correcta y mucho menos con las garantías necesarias para los vehículos. Estas son denuncias que las autoridades respectivas deben analizar y evaluar para sancionar a los responsables; que no se sigan perpetuando en el tiempo y en el bolsillo de los usuarios. Los testimonios e imágenes hablan por sí solos…
