EL GOBIERNO DEBE RETOMAR EL CAMINO Y LLAMAR A UN ACUERDO DE GOBERNABILIDAD…
LA CIUDADANÍA ESTÁ HARTA DE LAS MANIFESTACIONES DEMAGÓGICAS QUE LA ESPANTAN…
CFK NO ESTÁ PRESA POR ORDEN DEL GOBIERNO.
Por Santiago Oreggia
El presidente Mauricio Macri asumió con un compromiso: cambiar.
Quienes lo votaron y no pocos entre quienes no lo hicieron entendieron el significado de esa idea fuerza: dejar atrás la cultura populista e inflacionaria, terminar con la inseguridad y cerrar el retorno a la corrupción pública, que debe castigarse de la manera ejemplar con la que sólo pueden hacerlo jueces independientes con manos limpias, que no tiemblen a la hora de firmar sentencias.
Es necesario con urgencia revertir la grave situación social legada por el kirchnerismo, con un tercio de la población en la pobreza, y el abismo -más que grieta- que separa a muchos argentinos en vez de acercarlos como protagonistas de la gran causa de la unidad nacional, que pregona la Constitución desde su preámbulo.
Se esperaba mayor energía y claridad de los nuevos gobernantes en caracterizar la ruinosa herencia recibida y una reacción más rotunda en la sociedad frente a la sobredimensión del Estado y su exceso en los gastos y el endeudamiento que, en algún momento, pueden llevarnos una vez más a la quiebra.
Pero el gobierno quiso utilizar al Kircnerismo para sus fines políticos ordenando que “CFK” no fuera puesta presa.
Pagando las consecuencias actuales.
¿Sabremos los argentinos que desde la segunda década del siglo XIX hemos padecido un número mayor de bancarrotas que casi todos los otros países?
Con solo utilizar el sentido común se advierte el porqué de tan reiterado infortunio.
SE han logrado en un año y medio importantes mejoras: la reinserción de la Argentina en el mundo, el fin del cepo cambiario, el acuerdo con los acreedores externos y la percepción de que se ha neutralizado el estado de cleptocracia.
Tales avances fueron posibles merced a una firme voluntad política del primer mandatario, pero también de una política que él mismo definió, a poco de asumir la presidencia de la Nación, como "el arte del acuerdo".
Fue ese espíritu de diálogo y concordia el que posibilitó acuerdos con gobernadores y con legisladores de la oposición para lograr algo que parecía impensado: la sanción de alrededor de 85 leyes, teniendo los bloques oficialistas tan sólo 15 senadores sobre un total de 72 y unos 85 diputados sobre un total de 257, y con las fuerzas de Cambiemos al frente de apenas cinco provincias.
Aunque el oficialismo obtenga un triunfo electoral amplio en octubre, será sumamente difícil que alcance los votos necesarios para determinar por sí mismo la agenda legislativa y avanzar hacia el objetivo de nuevos cambios.
No sólo por necesidad, sino por sabiduría y principios democráticos, el Gobierno deberá, pues, ahondar en la búsqueda de consensos que aseguren la gobernabilidad y la eficiencia en los más delicados asuntos de Estado pendientes de resolución.
El estilo autoritario del kirchnerismo, tan opuesto al diálogo y a los equilibrios, habría desembocado de forma fatal, de no haber sido primero por la prensa independiente, luego por la Justicia y, más tarde, por la derrota electoral de noviembre de 2015 por márgenes casi imperceptibles, en esa tragedia aterradora en la que se hallan sumidos hoy los venezolanos. Hay que ir por eso a las urnas con el espejo retrovisor de lo que ha sucedido en la patria de Bolívar.
Hará falta, en la etapa que se inicie tras las elecciones, suficiente determinación en quienes nos gobiernan para encarar un cambio a fondo, que empiece por terminar con todos los nichos de corrupción existentes en los diferentes niveles del sector público.
Será la manera de acabar con los privilegios de grupos parasitarios sostenidos por impuestos que paga la población y que, como afirmó el presidente Macri, "nos están matando a todos los argentinos".
Hay casos gravísimos: en rutas del país, como las que atraviesan la provincia de Buenos Aires, los vehículos transportadores de maquinaria agrícola suelen ser prisioneros de aprietes policiales de los que sólo zafan con aportes de 10.000 o 15.000 pesos, que obran como peajes clandestinos.
Esos son sólo algunos de los engranajes de la economía en negro, y de un país fuera de la ley. ¿Cómo podrá terminar con eso la gobernadora si la oposición se desentiende de tales nichos coimeros?
Es hora de que el jefe del Estado pase de las palabras a los hechos, del papel de acertado comentarista de la realidad que nos circunda al de un auténtico líder, capaz de pilotear los cambios sin los cuales no habrá porvenir próspero para nuestros hijos y nietos.
Ya no se trata de hacer acuerdos para seguir administrando la crisis.
Cualquier tentativa de esa clase no hará más que convertir nuestros problemas estructurales en crónicos.
Nos llevaría a habituarnos cada vez más al déficit fiscal y a la inflación, que no es otra cosa que el impuesto que nos cobra a todos los argentinos el Estado para financiar su gigantesco tamaño y su ineficiencia.
Con un agravante: la inflación es el impuesto más regresivo de todos y el que más castiga a los sectores más necesitados de la población.
Están a la vista, como desde hacía mucho no sucedía, obras públicas en marcha, pero faltan más y mejores rutas, más trenes y puertos; falta energía y, por sobre todo, faltan incentivos para que grandes capitales se vuelquen a proyectos productivos y no meramente a la especulación financiera.
Sobran, en cambio, las manifestaciones demagógicas que los espantan.
Los convenios colectivos, salvo raras excepciones, no tienen en cuenta la necesidad de estimular la productividad y la competitividad. Los costos laborales no salariales son siderales y frustran, al igual que la industria del juicio laboral, la inversión en emprendimientos creativos de riqueza. ¿En qué país piensan los jueces laborales que legitiman a diario situaciones como ésas?
Se torna, además, indispensable avanzar hacia una reforma impositiva cuyo horizonte consista, al menos, en el aliento a la inversión del sector privado y la seguridad jurídica.
Del mismo modo, no podrá demorarse una actualización de la ley de coparticipación federal y el ajuste de la jubilación minina a los jubilados a los cuales se los está matando en vida.
Será menester, en suma, consensuar políticas de Estado que abran las puertas al crecimiento sustentable en los más diversos campos.
Así se tonificarán las esperanzas y la confiabilidad, aquí y en el extranjero, en el futuro del país.
Pero para que esto no quede confinado a un sueño, habrá que retomar el arduo arte del acuerdo en el que el Gobierno se ejercitó, con razonables resultados, en la primera parte de lo que lleva su gestión.
Se trata de un sendero que nunca debería ser confundido con transacciones espurias ni con pactos donde se canjee gobernabilidad por impunidad.
