SEA QUIEN SEA Y DEL PARTIDO QUE SEA…
LAS CAUSAS JUDICIALES OFICIALES DEL KIRCHNERISMO Y CAMBIEMOS…
Por Santiago Oreggia
KIRCHNERISMO
El partido de los procesados.
Abruma el número de ex funcionarios kirchneristas investigados por presuntos delitos, al igual que la cantidad de pruebas que surgen día tras día
Llamativamente, diversas encuestas de opinión empiezan a mostrar que para una parte de la sociedad no resulta grave que un dirigente político se encuentre sospechado de haber cometido hechos ilícitos.
Y que, por ende, no debería ser motivo de preocupación que, en esas condiciones, se presente a comicios para competir por un cargo público.
No es casual que esa franja de personas consultadas se identifique con el kirchnerismo, que dio y sigue dando albergue institucional a una gruesa porción de imputados judicialmente, digna de un triste récord de Guinness.
Mientras en el Congreso se espera saber qué decisión tomará el juez Luis Rodríguez respecto del pedido del fiscal Carlos Stornelli para que se desafuere y detenga al diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido, la justicia electoral nacional impugnó la candidatura a la re-reelección senatorial de Carlos Menem (Alianza Frente Popular-La Rioja) a raíz de la condena en su contra, confirmada por el máximo tribunal penal del país, por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia cuando era presidente de la Nación.
Pero no son los únicos: entre otros, tienen fueros el ex jefe de Gabinete kirchnerista y actual senador bonaerense por el FPV Juan Manuel Abal Medina -ahora aliado de Florencio Randazzo-, quien se encuentra procesado en la causa Fútbol para Todos (FPT), del mismo modo que lo está el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, en la causa por el dólar futuro.
La propia Cristina Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, se halla varias veces procesada, entre otras cosas, como sospechosa de ser la jefa de una asociación ilícita, por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y otorgamiento irregular de obra pública.
Hay que destacar que, entre quienes buscan desesperadamente conseguir fueros para evadir la Justicia, el kirchnerismo ocupa la mayoría de los casilleros en un imaginario bingo delictual.
Por fuera de ese paraguas garante de libertad ambulatoria que para muchos representa el Congreso están quienes, aunque quisieran, ya no podrán quedar amparados por los fueros.
Por citar apenas algunos casos, valgan los de los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, recordado por los bolsos con dinero que intentó ocultar en un convento; Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte condenado por la tragedia de Once, al igual que su sucesor Juan Pablo Schiavi (con condena apelada, por lo que se encuentra en libertad); Lázaro Báez, pseudoempresario sospechado de ser testaferro de los Kirchner y detenido por evasión y lavado de dinero; el gremialista Omar "Caballo" Suárez, preferido de la última presidenta cuando aquél era titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), actualmente preso, acusado de ser miembro de una asociación ilícita y de extorsionar a empresarios; César Milani, militar detenido por delitos de lesa humanidad, que llegó a ser jefe del Ejército, y Felisa Miceli, en libertad, pero condenada a cuatro años de prisión por el caso de la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho cuando era ministra de Economía y el ahora detenido y preso el contador de los Kirchner Victor Manzanares.
Más por "piantavotos" que por su irregular situación judicial, hoy no integran listas de candidatos los kirchneristas Amado Boudou, ex vicepresidente multiprocesado y enviado a juicio oral y público por falsedad ideológica, y Aníbal Fernández, también procesado, entre otras causas, por FPT, junto con Jorge Capitanich, otro de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner.
La lista de ex funcionarios kirchneristas que ya pasaron de imputados a procesados es larguísima.
Tan extensa que debería inhibir a los representantes de ese sector de señalar con dedo acusatorio a dirigentes de otros partidos requeridos judicialmente y de quienes también se espera que rindan las correspondientes cuentas.
Son legión los kirchneristas en conflicto con la Justicia y a los que, pasado tanto tiempo, se les siguen encontrando más y más pruebas que impiden a los jueces tomar una decisión que los beneficie.
Resultan contados con los dedos de una mano los casos en los que se ha dictado la falta de sobreseimiento.
En cambio, siguen procesados, entre otros muchos, los ex funcionarios Carlos Gonella, quien fue titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, acusado de no haber investigado a Báez; Martín Sabbatella, por abuso de autoridad al haber intentado adecuar de oficio al Grupo Clarín mientras era titular de la mérito o el Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca); José Sbattella, ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), por el delito de violación de secretos; Romina Picolotti, por administración fraudulenta cuando fue secretaria de Ambiente de la Nación; el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, por abuso de autoridad; el subsecretario de Obras Públicas kirchnerista Abel Fatala, por administración fraudulenta en la causa Sueños Compartidos, y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, también por el dólar futuro.
Además, integran la larga lista de procesados kirchneristas el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, por el FPT, y el ex jefe de gabinete sciolista Alberto Pérez, investigado por administración fraudulenta; el ex ministro de Salud y actual gobernador tucumano, Juan Manzur, en la causa por irregularidades en la licitación del plan Qunita, en la que también están procesados Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud kirchnerista Daniel Gollan, y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, por el presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, procesamiento revocado pero sobre el cual el juez aún debe resolver.
A ellos se agregan Katya Daura, ex titular de la Casa de Moneda, acusada de peculado de servicio por haber contratado con recursos del Estado vigilancia para su vivienda familiar, y el ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de las primeras campañas electorales del kirchnerismo Héctor Capaccioli, enviado a juicio oral y público precisamente por peculado.
Hace pocos días, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Liliana Mazure y de María Lucrecia Cardoso, ex titulares del Incaa, por haber designado funcionarios en forma irregular.
CAMBIEMOS
Ya son más de 50 los funcionarios del PRO imputados por la Justicia.
La imputación del fiscal Zoni al presidente Mauricio Macri; al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y al director general de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa por el escándalo del Correo-Gate o LavaGato es solo la continuación de una zaga que tiene como protagonistas a la plana mayor del gobierno nacional.
La administración de Cambiemos, pese a que debería estar en un período de luna de miel con los tribunales ostenta, en un año, el récord de funcionarios implicados en denuncias judiciales derivadas en imputaciones.
Mauricio Macri alzó la copa de fin de año implicado en tres causas: Panamá Papers, el decreto que habilitó el blanqueo para familiares y la firma del Memorando con Qatar. Ahora sumó la cuarta.
Más de medio centenar de dirigentes macristas lo acompañan en carátulas de expedientes, la mayoría a raíz de denuncias de la oposición que cambio roles y tratan de arrinconar al Gobierno desde tribunales.
El promedio arroja un funcionario por semana imputado en algún expediente judicial.
El Gobierno buscó mostrar como rasgo de su ADN un contraste con el anterior Gobierno de no interferencia con la Justicia.
Pero en tribunales leen una ausencia de conducción política en su relación con el Poder Judicial.
En varios fueros se quejaron de que el Ministro de Justicia, Germán Garavano inició una ronda de conversaciones con ellos.
Magistrados lo recibieron y se sacaron una foto, pero el teléfono nunca volvió a sonar.
La investigación por los Panama Papers derivó en una megacausa que -en lugar de averiguar si Macri omitió incluir en su declaración jurada una sociedad offshore-, investiga todo el accionar del clan familiar relacionado a presuntas maniobras de lavado de activos a lo largo del tiempo.
Dos de sus hermanos quedaron comprometidos con los informes de la Fiscalía de Hamburgo.
No ha habido avances en la causa civil que inició el mandatario para desligarse (que implicaba una declaración de certeza de la Justicia sobre su no obligación de declarar esa sociedad que él afirma que no integró).
Su padre, Franco Macri, se hizo cargo de la responsabilidad en ambas causas, pero eso no aminoró el ritmo del expediente.
Su primo, el constructor Ángelo Calcaterra es ahora investigado en el fuero penal económico a raíz de movimientos de un directivo de IECSA con cuentas offshore sospechosas, aportadas por la Justicia alemana.
Macri también está imputado por abuso de autoridad por el dictado del Decreto N° 1206 que habilitó el blanqueo a familiares de funcionarios.
Allí comparte carátula con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el saliente Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
La última mala noticia la recibió al filo de la feria.
La fiscal Paloma Ochoa dio curso a la acusación por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta por la firma del memorando con Qatar, que involucra a la vicepresidente Gabriela Michetti, a la canciller Susana Malcorra, a Luis María Blaquier, exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES; Horacio Reyser, asesor del Presidente en Inversión Extranjera, y Jose Ortiz Amaya, director general de Relaciones Internacionales del Senado.
En simultáneo con el comienzo de la feria, el juez Ariel Lijo preocupó al Ministro de Modernización Andrés Ibarra: habilitó todas las medidas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuan que lo imputó por la supuesta compra de máquinas de tecno-voto por afuera de los carriles legales en un dudoso acuerdo con Corea.
Luis Caputo imputado por la compra de dólar a futuro.
El juez Luis Rodriguez allanó el fondo Axis que presidía y su causa corre por un carril autónomo al de la que tiene implicados por el mismo delito al vicejefe de
Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, al titular del BCRA Federico Sturzenegger; a uno de sus directores, Pablo Curat y al jefe de asesores José Torello.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich también es investigado por un viaje en helicóptero, algo similar al exvice Amado Boudou.
Juan José Aranguren es un multi denunciado.
El juez Rodríguez lo investiga por abuso de autoridad y por haber favorecido a la petrolera Shell de la que fue CEO.
Elisa Carrió denunció a sus principales colaboradores: Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile quedaron bajo la lupa por haber hecho que la estatal Enarsa tuviera que cubrir el cupo de garrafa social de petroleras privadas.
Luis Caputo y Emilio Basavilbaso están siendo investigados por el juez Bonadio ya que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES le giró 450 millones de pesos a un fondo fundado por el ministro de Finanzas, que además integra un comité que aprobó la operación.
Fue detectado que mediante el Fondo de Garantías de Sustentabilidad el 19 de mayo de 2016 se enviaron 450 millones de pesos al fondo de inversión Axis para que sean invertidos en Lebacs y plazos fijos.
La cúpula de la AFIP multiplicó expedientes y hasta el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue imputado por haber designado un funcionario en contrario a un fallo judicial en la incipiente Inspección General de Justicia de la Ciudad.
A todos se le suman algunas segundas líneas y representantes de la colación gobernante en el interior del país.
De los jueces depende que las causas avancen para que nadie pueda gozar de las bondades de una instancia superior: la de la impunidad, cada vez con más adeptos en nuestro país.
No puede existir impunidad para nadie en causas de corrupción sea quien sea y del partido que sea.
Vale la pena recordarlo para que los políticos que creen que el dinero lo hace todo y terminan haciendo todo por dinero.
