El agua le ganó al oro: Cajamarca le dijo 'No' a La Colosa
Semana Sostenible estuvo presente en la consulta popular en la que el 97 por ciento de los votantes rechazaron la construcción de una mina de oro a cielo abierto en su territorio, el municipio de Cajamarca a 45 minutos de Ibagué, departamento de Huila, Colombia. El proyecto La Colosa, a cargo de la empresa surafricana AngloGold Ashanti, busca explotar un depósito de oro que se calcula en 1.000 toneladas de oro a través de una mina a cielo abierto en la vereda La Paloma de Cajamarca.
Por Esteban Montaño, enviado de Semana Sostenible a Cajamarca -@emontanov, Medio Ambiente, 26 de marzo de 2017
El resultado fue arrasador. Pese a los temores de los promotores del No y la campaña por la abstención de los que respaldaban el proyecto, este domingo los habitantes de Cajamarca rechazaron con contundencia la posibilidad de que en su Municipio se construya una mina de oro a cielo abierto.
Desde muy temprano en la mañana, y sin importar la lluvia que en varios momentos acompañó la jornada, cientos de personas se acercaron al colegio municipal para participar en una consulta popular que tardó más de dos años en ver la luz. Y aunque el ambiente estaba tenso y hasta hubo denuncias de un supuesto fraude, al final el certamen transcurrió tranquilamente.
Tras el cierre de las votaciones, la angustia se apoderó de los cajamarcunos. La gran incertidumbre era si la consulta iba a alcanzar el umbral de 5.438 votos que le otorgara validez jurídica a la elección. En menos de 40 minutos, la Registraduría entregó los resultados: 6.296 personas participaron de los comicios, de las cuales el 97% eligió la opción de rechazar las actividades mineras en su municipio.
El interrogante que se abre ahora tiene que ver con las implicaciones que tendrá esta histórica votación en el desarrollo del proyecto minero que la empresa surafricana AngloGold Ashanti está ejecutando desde 2009 en Cajamarca.
En un escueto comunicado de prensa emitido minutos después de conocer los resultados, la compañía afirma que “lamenta que por cuenta de un debate mal planteado sobre la minería en Colombia, se ponga en riesgo que el país y la región reciban los beneficios de la minería bien hecha y responsable”. Así mismo, dicen que analizarán las consecuencias legales, económicas y sociales y el impacto que tiene la consulta sobre el proyecto y sobre la minería en Colombia.
En contraste, Róbinson Mejía, vocero del comité promotor del No en la consulta, le dijo a Semana Sostenible que lo que viene ahora es la implementación de los resultados. “Será un trabajo de carpintería en el que el Concejo Municipal tendrá que blindar el Esquema de Ordenamiento Territorial de la minería, empezará el proceso de caducidad de los títulos mineros que tiene AngloGold y, si ellos deciden continuar con sus labores y solicitar la licencia ambiental, esta le tendrá que ser negada debido a la inconformidad que hoy manifestó el pueblo frente a su proyecto”.
En cualquier caso, el debate que se abrió con los resultados de la consulta será para largo. Por ahora, las calles de Cajamarca están llenas de gente con pitos y banderas celebrando un resultado que, sin duda, marcará un antes y un después en la manera como desde el Estado y las empresas se asume la participación de las comunidades en los megaproyectos económicos que afectan sus territorios.
Publicado en:
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cajamarca-le-dijo-no-a-la-mineria/37402
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Las 8 cosas que debe saber sobre la consulta minera en Cajamarca
Este domingo los habitantes de este municipio del Tolima están convocados a decidir sobre la que sería una de las minas de oro más grandes del mundo. Datos claves del proceso.
sostenibilidad.semana.com, Medio Ambiente, 26 de marzo de 2017
El domingo 26 de marzo será un día histórico para la minería en Colombia. En Cajamarca, un municipio tolimense ubicado a 45 minutos de Ibagué, se realizará una consulta popular acerca de un gigantesco proyecto aurífero a cielo abierto. Los resultados, cualquiera que estos sean, inevitablemente tendrán efectos en la política minero-energética del país y en la manera como desde el Estado se concibe la participación de las comunidades en esas decisiones. Estos son algunos datos claves de esta jornada.
El proyecto La Colosa, a cargo de la empresa surafricana AngloGold Ashanti, busca explotar un depósito de oro que se calcula en 1.000 toneladas de oro a través de una mina a cielo abierto en la vereda La Paloma de Cajamarca.
La empresa está explorando desde el año 2009 y calcula que esos trabajos tomarán al menos tres años más. Cuando culminen, deberá presentar ante la Anla un Estudio de Impacto Ambiental en el que determinará las afectaciones sobre el medioambiente y las estrategias para mitigarlo. Será esta entidad la encargada, por parte del Estado, de dar vía libre o no a la ejecución de este proyecto.
Al tiempo que comenzaron las actividades, se levantó una masiva movilización social en contra del proyecto, pues su magnitud hace prever graves consecuencias sobre el agua y los ecosistemas en donde se piensa realizar. Esto es, en una Zona de Reserva Forestal ubicada en la cuenca alta del río Coello que abastece a Cajamarca, Ibagué, El Espinal y al distrito arrocero más grande del país.
Desde entonces se conformó un Comité por la Defensa de la Vida que ha utilizado diferentes estrategias para oponerse a la construcción de La Colosa. Entre ellas, la promoción de una consulta popular que, tras casi tres años de tires y aflojes, se realizará este domingo 26 de marzo en Cajamarca.
16.312 ciudadanos están habilitados para votar en las 18 mesas autorizadas por la Registraduría para el certamen, cuya pregunta es: ¿Está de acuerdo, sí o no, con que en Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?
Para que la consulta tenga validez deberán participar al menos 5.438 personas y la opción ganadora tendrá que tener la mitad más uno de los sufragios.
El comité promotor de la consulta está haciendo campaña por el No, mientras que el bando contrario le está apostando a la abstención como estrategia para dejar sin efectos la jornada.
No hay claridad sobre las consecuencias que tendría la consulta en caso de ganar el No. Según la empresa, el proyecto seguiría adelante porque ya tienen un contrato de concesión firmado previamente. Según organizaciones como Dejusticia, los títulos que tiene la empresa son una mera expectativa y no constituyen derechos adquiridos. Solo con los resultados comenzará la controversia sobre las implicaciones de esta jornada.
Publicado en:
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cajamarca-8-cosas-que-debe-saber-sobre-la-consulta/37400
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Las dos caras de la consulta en Cajamarca
Unos apuestan por la abstención, los otros invitan a votar No. Estas son sus razones.
sostenibilidad.semana.com, Medio Ambiente, 26 de marzo de 2017
El ambiente en Cajamarca está tenso. En las calles de este pueblo de 20.000 habitantes nadie sabe con certeza lo que va a pasar hoy en la Consulta Popular en la que se decidirá el futuro de uno de los proyectos mineros más importantes del mundo. El debate ha estado polarizado desde el principio y en algunos momentos el nivel de los argumentos ha caído realmente bajo.
Este domingo, luego de más de dos años de tires y aflojes, los cajamarcunos finalmente están convocados a las urnas. Allí se medirán las fuerzas de los bandos enfrentados y saldrá un veredicto que, sin duda, tendrá resonancia en todo el país. Mientras se conoce ese resultado, Semana Sostenible buscó a los líderes de los comités promotores del No, Róbinson Mejía, y de la abstención, Eusebio Durán, para conocer las razones que los impulsan a promover una y otra posición. Esto fue lo que respondieron.
“Lo que está en riesgo es el futuro de las siguientes generaciones”
SEMANA SOSTENIBLE:¿Por qué votar No en la consulta?
Róbinson Mejía: Primero hay que decir que el solo hecho de lograr que se haga es una victoria. Desde el 2014 venimos planteando este mecanismo y finalmente logramos superar todas las trabas del mundo. Nosotros vemos amenazados nuestros derechos fundamentales al agua, al ambiente, a la vida. Si se ejecuta el proyecto, estaría en riesgo el agua de Cajamarca, de Ibagué, del Espinal y del distrito de riego más grande del país.
Con La Colosa perdería todo el mundo, pues estaría ubicada cerca de dos complejos de páramos: el Parque de Los Nevados y el de Anaime-Barragán. Por si fuera poco, afectaría directamente la Reserva Forestal Central, donde la empresa ha solicitado varias sustracciones. Y no hay que olvidar que ellos cuando entraron a Colombia violentaron esa figura e hicieron exploración sin sustracción. Finalmente, en Cajamarca se ha consolidado una cultura en la producción de comida, somos la despensa agrícola del centro del país y todas estas dinámicas sociales se verán afectadas.
S.S.: ¿Cómo está el ambiente previo a la consulta?
R.M.: Si no hubiera riesgo de trampas y de saboteo a la contienda, podríamos decir que ya hemos ganado, porque hay motivación de la gente. La mayoría está consciente y quiere votar, pero estamos en un escenario adverso, se está moviendo la posibilidad de delitos electorales como constreñimiento al elector. Está circulando un video que dice que quienes voten No están de acuerdo con que vuelvan las Farc, que eso sería apoyar la izquierda de Petro, quien nunca ha venido por acá.
Además de esta desinformación, tenemos denuncias de que fuerzas oscuras prometen un viaje a Buga para alterar el certamen, y que están ofreciendo dinero a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que eviten que la gente salga a votar. A pesar de ese ambiente de tensión, esperamos que la consulta se desarrolle de la mejor manera. El 80% de la gente está en desacuerdo con el proyecto y esperamos que eso se refleje en las urnas.
S.S.: ¿Qué efectos tendrá el resultado de la consulta sobre el proyecto minero?
R.M.: Si gana el No, una de las cosas que hay que hacer es que el consejo blinde el Esquema de Ordenamiento Territorial de las actividades mineras. También habría que iniciar el trámite para dar caducidad a esos títulos ante la Agencia Nacional de Minería, y si la empresa decide solicitar la licencia ambiental ante la Anla, deberán negársela porque no han logrado el respaldo de la comunidad.
S.S.: ¿Y si la consulta no alcanza el umbral?
R.M.: Ahí hay dos cosas. No alcanzar el umbral no sería una derrota porque habría una votación importante que nos llevaría a seguir impulsando el proceso. Como ellos no se miden en las urnas, al menos mostraríamos cuánta gente está en contra del proyecto y eso serviría como sustento para seguir dando esta lucha. Por otra parte, el hecho de que no se alcance el umbral no significaría que se le da la licencia social a la empresa. Lo que sucederá es que no va a haber un consenso contundente en la comunidad y tendríamos que explorar otros mecanismos que les garanticen los derechos a la gente que vote No, pero obviamente pensando en que hay que vincular a los que no voten.
En todo caso, si no se alcanza el umbral no es porque la gente no quiera votar, sino porque el diseño de la elección está construido para que pasen ese tipo de cosas: la Registraduría redujo las mesas y además van a usar la biometría. Esperemos que no exista un plan tortuga, pues cada persona tendría que votar en minuto y medio. La Registraduría dice que tiene un plan de contingencia que esperamos que solucione el tema si hay traumatismos. Sería un saboteo si la gente se queda sin votar en las filas.
S.S.: Los promotores de la abstención dicen que la consulta es prematura porque no se conocen las especificidades del proyecto, ¿ustedes están de acuerdo?
R.M.: Hay que decir que si no se saben las especificidades no es porque no hayan terminado la exploración. La Colosa estaba presupuestada para arrancar en 2012, ellos tendrían la primera onza explotada en 2018. Este movimiento pacífico ha logrado retrasar eso. Ellos ya saben qué van a hacer, pero nos dicen que no. La consulta no es prematura, llevamos 10 años con un conflicto socioambiental en la zona y acá hay una propuesta para resolverlo. Si estamos en un país donde reina la democracia, lo más lógico es que nos midamos en las urnas, sin ánimo de polarizarnos. Pero hay una pequeña minoría que respalda el proyecto y son los que buscan la abstención. Eso nos parece gravísimo.
S.S.: ¿Por qué?
R.M.: Es un grave error porque muestran que no les interesa dar el debate, ni siquiera en las urnas, porque saben que la gente no los quiere. Entonces mediante el tecnicismo de que no alcancemos el umbral, buscan obviar la discusión y decir que sí tienen la licencia social. Pero claramente ese no es el punto. Si ellos quieren la licencia social, ¿por qué no se la juegan por el Sí, para que la gente diga que acepta el proyecto?
S.S.: Si se cancela el proyecto minero, ¿qué alternativas proponen?
R.M.: Acá hay que partir de una noción y es que no queremos caer en el sofisma de la alternativa, porque lo que queremos es seguir siendo lo que somos. Hay que potenciarlo, claro, pero un pueblo que produce tanta comida, que tiene estos ecosistemas y un inmenso potencial turístico no necesita una alternativa. Lo que necesita es que el gobierno invierta y no que le mande proyectos extractivos para acabar con su riqueza natural. La sostenibilidad para seguir siendo una despensa agrícola está basada en el fortalecimiento de la agricultura para que sea más sana.
Hay que apostarle a la agroecología, al agroturismo para que la gente aprenda cómo se produce la comida que llega a su plato, hacer un parque temático sobre cómo se producen la arracacha y el fríjol. Esta es una zona supremamente rica para el avistamiento de aves, hay paisajes hermosos, está uno de los volcanes más peligrosos, tenemos un nevado, dos páramos, bosques de niebla, una diversidad de climas que va desde los 4.000 hasta los 1.200 metros de altura. En un territorio como estos, la alternativa es potenciar lo que realmente está. Además, hay una cultura que lo sostiene. Hay una campesina que dice que la moda de comer nunca va a pasar, ¿entonces para qué acabar con ese negocio?
“La consulta solo sirve para polarizar a la gente”
SEMANA SOSTENIBLE: ¿Por qué promover la abstención?
Eusebio Durán: Nosotros estamos amparados por un derecho constitucional y nacemos de la inquietud de más de 200 personas que no vemos que sea una consulta minera ni ecológica, sino política. Se ha desinformado a la ciudadanía con una intención diferente, aprovechando el deseo de muchas personas de oponerse al proyecto minero.
S.S.: ¿Ustedes están de acuerdo con el proyecto?
E.D.: Nosotros creemos que no es el mecanismo para opinar ni decidir sobre ese tema. No somos mineros, no sabemos del tema, somos líderes preocupados por el desarrollo y la seguridad de los cajamarcunos.
S.S.: ¿Qué efectos tendría una victoria del No?
E.D.: Generaría un efecto desastroso sobre el municipio, porque cuando se habla de minería no se explica bien de lo que se trata. La gente cree que solo es oro, pero hay mineros artesanales que viven del material de arrastre del río, de la gravilla y la arena, que quedarían sin trabajo. Además, se subiría de forma absurda el costo de la construcción porque si no podemos sacarla de acá, tocaría comprarla en otros lados.
S.S.: Entonces, ¿por qué no apoyar el Sí en la consulta?
E.D.: Porque no hay información suficiente. La gente está confundida, cansada. Acabamos de salir de otro proceso electoral desgastante. Creemos que la plata que se invirtió en la consulta se habría podido usar en desayunos escolares, en transporte, educación, salud, en arreglar las carreteras para los campesinos. Esto es un desgaste y nos parece una plataforma política de algunas personas que no tienen ninguna intención ecológica.
S.S.: ¿Cuál sería entonces el mejor mecanismo para decidir?
E.D.: Las audiencias públicas. Se han intentado hacer, pero los sectores radicales de la izquierda no lo han permitido. Esa consulta la promovió un movimiento político desde hace más de ocho años y lo único que dicen es “no a la mina, no a la mina”. Pero cuando uno se opone a algo es porque tiene soluciones mejores. Decidir sobre este tema a través de una consulta lo único que hace es dividir a la población, porque puedo usar una temática que me convenga a mí para hacer que la gente apoye lo que yo creo.
Pero a través de una audiencia pública convergen todos los sectores sociales para debatir con las entidades, los expertos y la población, con información exacta. Si se han pasado ocho años en eso de la consulta, ¿por qué no pasamos dos o tres dialogando para llegar a un punto de equilibrio donde la información sea veraz y ninguna de las partes pierda?
S.S.: ¿Ustedes piensan que las personas que van a participar lo hacen por confusión e ignorancia?
E.D.: La mayoría van a participar por manipulación política. En Cajamarca nunca habíamos visto a los senadores del Polo venir a hablar de temas sociales, eso solo ocurrió en esta contienda electoral. Nunca vimos a una senador del Verde, que ya sabemos cómo son sus tendencias, venir a Cajamarca a hablar de temas ambientales. Solo vinieron a decir que no a la minería, pero como son precandidatos presidenciales están viendo al pueblo como una cuna fácil para pescar voticos. Nunca han traído soluciones, pero sí vienen a agitar los ánimos entre la población con desinformación y verdades a medias.
S.S.: ¿Sí puede haber un punto medio en este tema?
E.D.: Todo conflicto se debe solucionar hablando. Por más diferencias que existan no puede haber división. Siempre hay que llegar al punto de equilibrio. Si el gobierno apoya la minería es porque tiene sus razones y porque además es un renglón importante de la economía. Tiene que explicar cómo se haría esa actividad y lo que debemos hacer los ciudadanos es unirnos y hacer veedurías para controlar los proyectos que se aprueben. La idea no es dividir al pueblo, sino que no haya enemigos y que los proyectos les sirvan a todos.
S.S.: ¿Qué impactos creen que traería un proyecto de esta magnitud?
E.D.: Nadie sabe todavía. Hasta ahora solo se conocen puras invenciones y presunciones. Ni la compañía sabe porque acaba de terminar las perforaciones y con base en eso tiene que hacer un estudio de cómo va a ser esa mina. Luego pasan al Estudio de Impacto Ambiental y ahí sí sería bueno que la Anla citara a una audiencia para que la gente hable con razones y argumentos concretos. En caso de que los estudios digan que es muy riesgoso, estaríamos de acuerdo en que no se haga. No podemos ser tan brutos. Pero en este momento no están dadas las condiciones para que la gente pueda tomar una decisión.
S.S.: ¿Cómo está la correlación de fuerzas para la consulta?
E.D.: Está duro porque el discurso de los del No es romántico: “que el agua vale más que el oro y no sé qué más cosas”. La gente cae fácilmente y por eso se creó el comité para promover la abstención. En esta consulta decir Sí es igual a decir No, porque la participación ayudaría a llegar al umbral. En este caso es mejor abstenerse y que la consulta se caiga por falta de votos.
Publicado en:
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cajamarca-las-dos-caras-de-la-consulta/37399
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La minería ilegal en Colombia es un problema que tiene en vilo no solo a numerosos ecosistemas del país sino que ya empieza a tener serias consecuencias en la salud de las personas. La más reciente edición impresa de Semana Sostenible denunció las terribles secuelas que está produciendo en mercurio en las personas de Buenos Aires en el departamento del Cauca.
Sin embargo, este no es el único caso ya que según un estudio de la Universidad Externado son más de 80 los ríos del país que están contaminados con mercurio. Mientras el gobierno intenta descifrar una estrategia efectiva para desincentivar la minería ilegal y combatir a los mineros criminales, cada día se hacen más evidentes las secuelas de esta problemática.
Así lo muestra un video que circula desde esta semana en redes sociales y que muestra a miles, quizás millones, de peces muertos en el río Porce en el nordeste antioqueño. En redes el video ha circulado como minería en el Atrato, sin embargo, tanto Corantioquia como Codechocó desmintieron que las imágenes pertenezcan al río chocoano.
Publicado en:
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/atrato-y-miles-de-peces-muertos-por-la-mineria-ilegal/37383
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Medio ambiente , 21 de agosto de 2017
El fracking amenaza al páramo más grande del mundo
Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra varios bloques petroleros alrededor del Sumapaz y en el Parque Natural Chingaza, el ecosistema que suple de agua a Bogotá.
A pesar de los enormes riesgos ambientales que conlleva, el fracking parece ser el futuro de la industria petrolera en Colombia. Eso es lo que se desprende de una información conocida este martes, según la cual el gobierno colombiano ya tiene dispuestos 43 bloques para explotar hidrocarburos mediante esta controvertida técnica.
Aunque en el país todavía no se ha sacado el primer barril vía fracking, en lugares como San Martín, en Cesar, y Anapoima, en Cundinamarca, se están haciendo trabajos exploratorios. Y según información del mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en Colombia ya hay otros 41 bloques destinados a esta actividad.
Si bien la mayor cantidad de reservas de yacimientos no convencionales está concentrada en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales (ver mapa), hoy existen varios bloques destinados para fracking en la zona andina central del país. Tal vez la situación más preocupante se vive en los alrededores de Bogotá, concretamente cerca al Parque Natural Chingaza, en donde hay al menos 7 bloques disponibles para fracking (ver mapa).
Asimismo, existe un bloque que se sobrepone a la zona urbana del municipio de Fusagasugá y otro más que se ubica en las jurisdicciones de Chía y Cajicá. También hay algunos alrededor del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, y las comunidades de Guasca, en Cundinamarca, han denunciado la realización de trabajos exploratorios sin los debidos permisos.
Es necesario aclarar que estas áreas son delimitadas unilateralmente por el gobierno, que luego las ofrece a las empresas interesadas en desarrollar esta actividad. Sin embargo, hasta el momento no se han firmado contratos de exploración ni explotación para los bloques mencionados. Aun así, varias organizaciones ambientalistas, aglutinadas en la Alianza Colombia Libre de fracking, prendieron las alarmas ante lo que consideran una amenaza para la sostenibilidad ambiental del país.
En un comunicado de prensa divulgado este martes, afirman que “el fracking podría poner en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos como el Páramo de Sumapaz, despensa agrícola de la capital y reconocido como el más grande del mundo; el Páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 80% del agua potable de Bogotá, por no mencionar otros ecosistemas como el complejo de ciénagas y humedales en el sur del Cesar”.
Por esa razón, enviaron una carta al Presidente Santos en la que le solicitan que declare la moratoria al fracturamiento hidráulico y la suspensión de todos los proyectos vigentes en Colombia.
Publicado en:
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fracking-llegaria-al-paramo-de-sumapaz-y-chingaza/37359
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Fracking: una apuesta riesgosa para Colombia
En: sostenibilidad.semana.com, Medio Ambiente, 2 de julio de 2016
Con poca información y menos preparación, el gobierno ya firmó 13 contratos para explotar petróleo con esta controvertida tecnología. Le explicamos por qué el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
Por Juan Carlos Durango
El fracking consiste en echar químicos a los pozos petroleros para que salga más petróleo, pero por dentro de estos pozos hay ríos subterráneos de agua, y si hablamos de un páramo es el agua que bebemos los colombianos. El fracking es un crimen de Estado en Colombia, porque envenena a sus habitantes, en Estados Unidos no envenena a nadie, porque allá no hay páramos, y el agua que ellos toman no viene de las zonas donde practican fracking,! Diga no al fracking! !no nos dejemos envenenar!
l petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la exploración y la producción.
Este panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.
Lo nuevo es sacar petróleo de donde nunca antes se había logrado. A diferencia de los yacimientos convencionales, mucho más sencillos de explotar, con el fracking se trata de romper la roca madre de la tierra, a kilómetros de profundidad. Para lograrlo, las empresas inyectan a gran presión millones de litros de agua mezclada con químicos, para así extraer el petróleo o el gas atrapados en ella.
El fracking es producción de hidrocarburos a otra escala y magnitud. Según el Government Accountability Office (GAO), la oficina estadounidense que provee información científica al Congreso de ese país, la cantidad de agua usada en un pozo varía con la geología del yacimiento, pero en los no convencionales suele estar entre los 19 y los 46 millones de litros por pozo (una piscina olímpica tiene aproximadamente 2,5 millones).
Esta tecnología es objeto de un fuerte debate en todo el mundo, pues a ese uso intensivo de agua se suman el riesgo de contaminar acuíferos superficiales y subterráneos con materiales radioactivos y gas metano y el aumento de la sismicidad en los lugares donde se aplica. El martes 21 de junio, después de cuatro años de discusión, la coalición gobernante de Alemania acordó prohibir el fracking indefinidamente, aunque se permitirán perforaciones de prueba previo permiso de las autoridades locales.
Si el parlamento aprueba la ley, Alemania se sumaría a Francia en la prohibición de esta práctica. Incluso en Estados Unidos, país que logró su soberanía energética gracias al fracking y que ha servido de ejemplo para Colombia en esta materia, estados como Nueva York declararon una moratoria frente al tema y en las regiones que sí lo admiten se están multiplicando las evidencias de sus impactos negativos. (Vea también: Los ríos en llamas que traería el fracking a Colombia)
Un reciente artículo publicado en la revista Science afirma que en Oklahoma, uno de los estados que permite el fracking, los sismos entre 2008 y 2013 han aumentado 40 veces con respecto al periodo 1976-2007. Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Duke, reúne evidencias de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de fallas en los pozos y de la inadecuada disposición de las aguas residuales del fracking.
A pesar de estos precedentes, en Colombia hoy existen 13 contratos de exploración y producción para hacer fracking en yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De ese total, seis bloques hacen parte de los Proyectos de Interés Estratégico para la Nación (Pines), lo cual quiere decir que están entre las prioridades económicas del Estado. Por eso reciben tratamiento especial para que sus procesos de licenciamiento, consulta previa y compra de predios sean más expeditos.
Según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no hay solicitudes en curso para exploraciones de fracking. Esto se debe en gran parte a que el proyecto más avanzado, ubicado en San Martín y a cargo de la multinacional Conoco Phillips, lleva varios meses paralizado porque miles de habitantes de ese municipio del Cesar han impedido terminar el proceso de socialización requerido antes de solicitar la licencia ambiental.
Carlos Santiago, líder de la Corporación para la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, que agrupa a los opositores del fracking en San Martín, afirma que “en Cesar hemos sufrido el desabastecimiento de agua y no queremos que la que queda se utilice para el ‘fracking’. Esa tecnología es muy peligrosa porque le echa un montón de químicos al agua y además puede llegar a contaminar las fuentes hídricas subterráneas”.
Sin embargo, el gobierno está empeñado en convencer a los sanmartinenses, y de paso a todo el país, de que en Colombia se pueden aprovechar los beneficios del fracking sin sufrir sus probables consecuencias negativas. Argumenta que los recursos petroleros son necesarios para financiar la inversión social y el posconflicto, mientras que los riesgos se pueden manejar con una reglamentación rigurosa y un control estricto.
Reglamentación sin información
Desde 2012, cuando empezó a entregar en concesión los primeros bloques para fracking en yacimientos no convencionales, el gobierno empezó a construir una normatividad específica para esta actividad. Al efecto la ANH realizó cuatro talleres en los que participaron 24 conferencistas internacionales y 235 funcionarios de entidades nacionales y locales y algunos académicos. Y realizó tres visitas a campos en producción, una en Canadá y otras dos en Estados Unidos.
Así mismo, la ANH contrató al experto estadounidense David Neslin para que proporcionara las bases para la reglamentación técnica, los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y los requerimientos para los planes de manejo ambiental. Para el gobierno, como resultado de esa estrategia, Colombia cuenta hoy con una regulación soportada en el mejor conocimiento disponible acerca de las mejores prácticas internacionales en lo que a fracking se refiere. (Vea también: “Ante el fracking precaución”, dice la Asamblea Euro-Latinoamericana)
Sin negar la importancia de la experiencia de otros países, varios expertos y hasta la Contraloría General de la República coinciden en que la reglamentación colombiana se desarrolló con base en una precaria información sobre las condiciones geológicas e hidrológicas propias del país.
Por ejemplo, la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas, que contiene los lineamientos técnicos para el fracking, cuenta con expresiones genéricas como “se estima que los yacimientos no convencionales se encuentran entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad en Colombia, a más de 1.000 metros de donde se encuentran más comúnmente los acuíferos aprovechables para consumo humano”.
El geólogo Julio Fierro explica que a diferencia de Estados Unidos, donde las aguas subterráneas tratables tienen una profundidad máxima de 400 metros, en Colombia municipios como Tenjo se surten de aguas ubicadas a 1.500 metros y en la Orinoquia existen datos de aguas de muy baja salinidad a 2.000. “Aquí no existe un inventario completo de acuíferos, el Ingeominas tiene un Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia pero está a escala 1:500.000 y solo cubre el 30% del territorio nacional”, afirma Fierro.
Algo parecido ocurre con la información sismológica del país, pues la cartografía geológica cubre apenas el 52% del territorio. Esta carencia se torna más delicada si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, donde hay información detallada al respecto, no se ha podido establecer el grado de relación entre la inyección de los fluidos del fracking en el subsuelo y la ocurrencia de sismos.
Por esa razón, en 2012, la Contraloría emitió una Función de Advertencia y el año pasado, en un seguimiento a dicha medida, aseguró que la regulación sobre fracking “requiere mayores adelantos en materia de generación y aplicación de conocimiento técnico y ambiental local para evitar efectos negativos sobre los recursos naturales, el agua y la salud pública”.
En enero de 2014, la ANH firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano para levantar la información de sismicidad y de geología estructural que permita generar el mapa sísmico del Valle Medio del Magdalena (en donde está San Martín). Así mismo, está en negociaciones con Colciencias para conseguir la información hidrogeológica en las regiones donde se encuentran los bloques asignados para fracking.
Mientras terminan esos estudios, la regulación para esta técnica en Colombia establece que las empresas interesadas en explorar yacimientos no convencionales deben proveer las líneas bases de acuíferos y de fallas geológicas en sus bloques. “El grado de desconocimiento es tan alto que primero se debió investigar y después sí hacer la reglamentación. Aquí se alteró el orden de esos factores y las consecuencias podrían ser irreversibles”, advierte Fierro.
¿Quién hace cumplir las normas?
A pesar de estos vacíos en la información, el gobierno afirma que Colombia tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo para el fracking. Aun suponiendo que esto fuera cierto, está el interrogante sobre si el Estado es capaz de vigilar su cumplimiento. Y en este aspecto no parece haber razones para el optimismo, ni siquiera entre los que apoyan esta actividad. Según Édgar Aguirre, director de la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, “los riesgos del ‘fracking’ se podrían reducir con un estricto seguimiento de las autoridades ambientales, pero desafortunadamente estas no tienen la capacidad de dar esas garantías”.
Para Carlos Vargas, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, “el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar la necesidad de acceder a los recursos petroleros mediante el ‘fracking’ con una pertinente gestión ambiental. Pero con sus instituciones desarticuladas y concentrando sus acciones de forma asincrónica en tiempo y espacio, no podrá lograrlo en los tiempos que requiere la Nación”.
En la respuesta a un derecho de petición interpuesto por Dejusticia y WWF, el Ministerio de Ambiente afirma que el fortalecimiento institucional de la Anla es una de sus prioridades. Sin embargo, los recientes escándalos que protagonizó la entidad por el otorgamiento de licencias en lugares protegidos, sumado al incomprensible reversazo en el nombramiento de Rodrigo Suárez en la dirección, muestran que Anla todavía está lejos de merecer la confianza de la ciudadanía.
La complicada licencia social
Algo ha cambiado en la conciencia ambiental de los colombianos. Como nunca antes la sociedad, sobre todo urbana, parece más receptiva ante la importancia de cuidar el medioambiente. Las movilizaciones a través de redes sociales y en las calles de algunas ciudades cuando se conoció la licencia de exploración cerca de Caño Cristales o la intención de explotar oro en el Valle del Cocora muestran que hay una menor disposición a asumir los costos ambientales de un modelo de desarrollo basado en extraer los recursos naturales.
La actual crisis petrolera no se explica solo por la caída de los precios. Al país lo recorre una ola antiextractivista que se expresa en huelgas, paros, demandas, intentos de consultas populares, entre otras manifestaciones públicas. Las comunidades quieren tener mayor capacidad para decidir sobre sus territorios, y sentencias como la emitida por la Corte Constitucional en favor de la autonomía local han potenciado ese deseo.
Un claro ejemplo es San Martín, donde gran parte de la población se ha manifestado contra el fracking mediante el bloqueo de las áreas de trabajo de la compañía Conoco, con lo que se ha retrasado el avance del proyecto de exploración. A pesar de que allí han hecho presencia funcionarios de la ANH y de los Ministerios del Interior y de Ambiente, Carlos Santiago, el líder de los opositores al fracking en San Martín, afirma que está por comenzar un proceso de recolección de firmas para convocar a una consulta popular sobre el tema.
En Puerto Wilches y en Barrancabermeja, dos de los municipios de Santander donde también existen contratos de exploración para fracking, ya se registran las primeras manifestaciones de inquietud. En ambos casos, la incertidumbre frente a una actividad riesgosa se combina con la falta de confianza en las autoridades para manejarla.
Con este panorama queda claro que, por ahora, el camino que trazó el gobierno para expandir las menguantes reservas petroleras del país mediante el fracking está lleno de riesgos y conflictos. Todos los expertos consultados para este artículo coinciden en que incluso si se diera el escenario ideal de que todos los proyectos avanzaran sin inconvenientes y que el precio del petróleo hiciera rentable la explotación, el primer barril de crudo obtenido mediante fracking no saldría sino dentro de cinco años.
Esto significa que la discusión va más allá de la actual coyuntura, pues las determinaciones que se tomen ahora van a tener efectos a largo plazo. Por eso, la decisión de permitir o prohibir el fracking no debería depender de la voluntad de un gobierno, sino de un consenso de país. Nadie puede negar la importancia del petróleo en la vida cotidiana y creer que es posible superar esa dependencia de un momento a otro carece de sentido.
Colombia seguirá necesitando hidrocarburos, pero la pregunta es si el fracking es la mejor manera de conseguirlos. Los comprobados impactos negativos de esta técnica, sumados al poco conocimiento del territorio, la debilidad institucional y una opinión pública desfavorable, no permiten pensar en aplicarla sin causar graves daños ambientales y aumentar los conflictos sociales. Por esas razones, el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
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http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fracking-una-apuesta-riesgosa-para-colombia/35505
Fuente: sostenibilidad.semana.com
