El jefe del Partido Democracia Plena, Raymundo Rivera Lopeztiana, fijó una postura contundente respecto a tres asuntos que han marcado la agenda pública reciente y que, en conjunto, revelan tensiones profundas en materia de libertades, soberanía y constitucionalidad.
I. Libertad de prensa y narrativa gubernamental en la Ciudad de México
Resulta especialmente grave que desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se sugiera o intente influir en los contenidos que los medios pueden o no abordar. En una ciudad que desde 1997 ha sido referente nacional en ampliación de derechos y pluralismo democrático, cualquier intento —explícito o implícito— de modular la cobertura mediática constituye un retroceso.
Si la autoridad propone que no se difunda “nota roja” o que no se informe sobre alcaldías con mayores contagios de sarampión bajo el argumento de evitar estigmatización, el problema no es semántico: es institucional. El Estado no puede decidir qué realidad es comunicable y cuál no. La transparencia no es opcional ni administrable políticamente.
Que posteriormente se matice o niegue lo dicho no elimina la señal enviada. La democracia exige tolerancia a la crítica y exposición plena de la información, incluso cuando resulta incómoda. Gobernar no implica narrar la realidad; implica enfrentarla.
II. Soberanía nacional y presencia militar extranjera
La autorización del Senado para el ingreso de personal militar estadounidense con fines de entrenamiento vuelve a colocar en el centro el debate sobre soberanía. La cooperación internacional en materia de seguridad no es per se ilegítima; lo que sí resulta cuestionable es la normalización progresiva de esquemas que diluyen el control nacional sobre la estrategia de defensa.
La visita del general Trevilla a Washington y la reunión con el Comando Norte deben explicarse con absoluta transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer los alcances reales de estos acuerdos. Más aún cuando Estados Unidos ha sido señalado en múltiples investigaciones por el flujo de armamento que termina en manos del crimen organizado en México.
La polémica por el uso de tecnología láser contra drones que afectó la frontera con Texas ameritaba una postura diplomática firme y exigente. La soberanía no se ejerce con tibieza. Se ejerce con claridad institucional y reciprocidad estricta.
Democracia Plena exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a actuar con independencia estratégica y a no permitir que la cooperación se convierta en subordinación. Defender la seguridad nacional implica defender también la dignidad del Estado mexicano.
III. Derecho constitucional a ser votado y debate sobre nepotismo
En el caso de Saúl Monreal, la discusión debe conducirse con rigor jurídico y no con opiniones políticas anticipadas. El derecho a votar y ser votado es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Ninguna presión mediática ni instrucción partidista puede colocarse por encima de ese principio.
Si la ley no establece impedimento expreso para su candidatura, cualquier restricción basada únicamente en vínculos familiares debe analizarse bajo el estándar de constitucionalidad y proporcionalidad. Las normas internas de los partidos no pueden contradecir derechos fundamentales.
Sugerir que “espere seis años” no constituye argumento jurídico. Si existiera una negativa formal, correspondería acudir al Tribunal Electoral para que garantice la tutela efectiva del derecho político-electoral.
Democracia Plena sostiene que combatir el nepotismo no puede implicar la suspensión automática de derechos constitucionales sin base normativa clara. El Estado de derecho se defiende aplicando la Constitución, no reinterpretándola según coyunturas.
Conclusión
Los tres temas comparten un eje común: el respeto a los límites del poder.
El poder no puede decidir qué se publica.
El poder no puede diluir la soberanía sin explicación transparente.
El poder no puede restringir derechos políticos fuera del marco constitucional.
Democracia Plena reitera que la democracia no se sostiene en discursos, sino en reglas claras, instituciones firmes y derechos garantizados.
