“Continuamos trabajando en la recuperación de espacios públicos”.
Con esa frase —escueta, burocrática y deshumanizada— la Alcaldía Iztapalapa pretendió dar por cerrado un debate que apenas comenzaba.
El problema no es solo lo que se hizo bajo el puente Periférico–Constitución. El problema es cómo se justifica.
Porque cuando un gobierno reduce una intervención social a una consigna administrativa, revela algo más profundo: una concepción del espacio público donde las personas sobran y la pobreza se gestiona como estorbo.
El jefe del Partido Democracia Plena, Raymundo Rivera Lopeztiana, fue claro al responder a la alcaldía:
> “Hay formas y ahí había personas en situación de calle, y su escueto comentario nada abona. Antes de que digan para justificar sus acciones que nada es político, se trata de recuperar espacios atendiendo la seguridad humana, y si no saben qué es seguridad humana, les invito a cultivarse”.
Esa respuesta no es un exabrupto. Es una interpelación política directa a una práctica cada vez más normalizada: llamar orden al desplazamiento forzado y eficacia a la invisibilización.
La seguridad humana —concepto reconocido internacionalmente— no se construye retirando personas del campo visual del poder. Se construye garantizando condiciones mínimas de vida, acceso a servicios, atención integral y respeto a la dignidad. Todo lo demás es simulación.
Cuando la autoridad muestra fotos de maquinaria y limpieza, pero no informa qué ocurrió con las personas, no está recuperando un espacio: está administrando la exclusión. Y cuando responde con un número telefónico a una crítica política, confirma que no hubo enfoque social, sino procedimiento.
El Partido Democracia Plena condena esta lógica por tres razones fundamentales:
Primero, porque el espacio público no es solo infraestructura, es tejido social. Y no puede “recuperarse” expulsando a quienes el propio sistema dejó atrás.
Segundo, porque la seguridad no puede fundarse en el miedo a la pobreza. Cuando el Estado actúa como si ciertas vidas fueran incompatibles con la ciudad, se cruza una línea peligrosa.
Tercero, porque despolitizar la decisión es la forma más burda de hacer política. Decidir quién permanece y quién es removido del espacio común es, por definición, un acto político.
Aquí no hay ingenuidad. Sabemos que gobernar implica decisiones complejas. Pero también sabemos reconocer cuándo esas decisiones eluden la responsabilidad ética y se esconden detrás de un lenguaje técnico vacío.
No se trata de oponerse a la mejora del entorno urbano.
Se trata de no sacrificar humanidad en nombre del orden.
Aquí no se trata de bajar la voz.
Se trata de afilarla, porque cada vez que la autoridad normaliza el desplazamiento de los más vulnerables, lo que está en riesgo no es un bajo puente: es la idea misma de ciudad y de democracia.
El Partido Democracia Plena no aceptará que la exclusión se disfrace de gestión ni que la dignidad sea tratada como un obstáculo administrativo.
La seguridad humana no se barre.
Se garantiza.
