Por: Luis horgelys Brito Ariza, Abogado, Defensor de los Servicios Públicos Domiciliarios, Activista Social y Veedor ciudadano
En mi labor como abogado y veedor ciudadano, he dedicado parte de mi vida profesional a la observación crítica y propositiva de la gestión pública en San Juan del Cesar, La Guajira. No es solo un compromiso con la legalidad y la transparencia, sino también un acto de responsabilidad social frente a mi comunidad, que espera de sus líderes y funcionarios públicos una administración eficiente, ética y orientada al bienestar común.
Sin embargo, hoy escribo con una profunda indignación, no solo como profesional del derecho, sino como sanjuanero que ve con preocupación cómo la desidia administrativa puede poner en riesgo la vida y seguridad de sus conciudadanos. Un claro ejemplo de ello se refleja en la negligente atención de dos casos emblemáticos de infraestructura vial deteriorada en nuestro municipio.
El primero de estos casos se refiere a un hueco que permaneció sin ser reparado durante casi un año, a pesar de haber radicado más de cinco peticiones formales solicitando su intervención. En el segundo caso, un hendido en la vía provocó incluso la caída de un camión, y fueron necesarios más de nueve meses y tres peticiones adicionales para que finalmente se realizara la reparación. Esta demora no solo evidencia ineficiencia, sino también una alarmante falta de empatía y sentido de urgencia por parte de quienes tienen la responsabilidad directa de supervisar estas obras.
Resulta particularmente preocupante la actitud del secretario de Planeación y Valorización del municipio, quien, lejos de asumir con seriedad su rol como supervisor fiscal indirecto de estas obras, ha demostrado un comportamiento negligente e irresponsable. Su falta de acción oportuna y su indiferencia ante los reiterados llamados de atención podrían haber tenido consecuencias trágicas, afectando no solo a ciudadanos anónimos, sino incluso a personas cercanas a su propio entorno.
Lo más indignante de esta situación es la apropiación indebida del crédito por las gestiones realizadas. A pesar de que las intervenciones se llevaron a cabo gracias a la insistente labor de veeduría ciudadana, el mencionado funcionario se ha atribuido los logros como si fueran exclusivamente producto de la gestión administrativa, sin un mínimo gesto de reconocimiento hacia quienes, desde la sociedad civil, han señalado con claridad y contundencia las problemáticas que requieren atención urgente.
No escribo estas líneas en busca de protagonismo ni de reconocimiento personal. Mi intención es exigir respeto hacia el trabajo de los veedores ciudadanos, quienes desempeñamos un papel fundamental en el control social de la gestión pública. No se trata de una cuestión de egos, sino de principios. El trabajo articulado entre la ciudadanía y la administración es esencial para el desarrollo de nuestras comunidades, y negar o minimizar ese aporte solo contribuye a erosionar la confianza en las instituciones.
Por ello, hago un llamado a la reflexión y al respeto. Respeto por la labor de quienes, desde la ciudadanía, ejercemos un control social legítimo y necesario. Respeto por la voz de quienes no nos cansamos de señalar lo que está mal, no por ánimo de crítica destructiva, sino por un compromiso genuino con la mejora de nuestras condiciones de vida. Y, sobre todo, respeto por la comunidad sanjuanera, que merece una gestión pública transparente, eficiente y verdaderamente comprometida con su bienestar.
En San Juan del Cesar, como en cualquier otro lugar, la grandeza de una administración no se mide por la capacidad de sus funcionarios para acaparar méritos, sino por su disposición a trabajar de la mano con la ciudadanía, reconociendo que el verdadero liderazgo se construye con humildad, responsabilidad y un profundo respeto por el bien común.
Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado en Ejercicio, Especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios.
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