Por: Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado, Defensor de los servicios públicos domiciliarios, veedor ciudadano y activista social.
En San Juan del Cesar, La Guajira, se avecina un cambio polémico: la implementación del tránsito municipal. Este proyecto, aprobado en noviembre por el Concejo Municipal bajo la administración del alcalde Enrique Camilo Urbina Suárez, ha levantado serias dudas sobre su legitimidad y transparencia. Más allá de su posible utilidad, los métodos y circunstancias que rodearon su aprobación reflejan una gestión opaca y un irrespeto hacia los derechos de participación ciudadana.
Un proyecto aprobado sin ser leído
Es inconcebible que los 10 concejales que votaron a favor del proyecto admitieran públicamente no haber leído las 63 páginas que lo componen. Como ciudadano y veedor, estuve presente en el recinto y puedo dar fe de este hecho, respaldado por audios y grabaciones. ¿Cómo es posible tomar decisiones que comprometan el futuro del municipio hasta el año 2049 sin conocer su contenido? Este nivel de negligencia genera desconfianza y pone en entredicho la ética de quienes deberían representar los intereses de la comunidad.
Blindaje y exclusión ciudadana
La participación ciudadana es un derecho fundamental en una democracia. Sin embargo, durante las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde para asegurar la aprobación de las objeciones del proyecto, se establecieron restricciones inusuales. El recinto del Concejo fue prácticamente blindado, con presencia de la Policía y el ESMAD. A muchos ciudadanos se les impidió el acceso, bajo el argumento de que no podían ingresar. Este tipo de acciones no solo son antidemocráticas, sino que refuerzan la percepción de que había algo que ocultar.
Prioridades invertidas
Mientras se insiste en implementar el tránsito, problemas estructurales y urgentes siguen sin atención. El corregimiento de Los Pondores, por ejemplo, carece de un sistema de alcantarillado, lo que representa un grave riesgo de salubridad y enfermedades para sus habitantes. Además, en el casco urbano, los hundimientos en las vías públicas continúan siendo un peligro para los transeúntes, sin que la administración actual actúe de manera responsable .
El parque de la Normal es otro ejemplo de mala gestión. A pesar de varias intervenciones, la calidad de las obras ha sido deficiente, y solo mediante peticiones y denuncias públicas se han logrado reparaciones. ¿Por qué estas necesidades básicas son ignoradas mientras se priorizan proyectos del tránsito y no se prioriza por ejemplo el tema del agua potable del municipio .
Lecciones del pasado
San Juan del Cesar ya ha experimentado las consecuencias de concesiones a largo plazo que no benefician a la comunidad. En 2007, el alumbrado público fue entregado a una fiduciaria; en 2029, con vigencias futuras, Veolia asumió los servicios de acueducto y alcantarillado con un contrato de 17 años vigente hasta 2037; y ahora se pretende implementar el tránsito con un horizonte que se extiende hasta 2049. Este patrón no solo hipoteca el futuro del municipio, sino que también genera dudas sobre quiénes realmente se benefician de estas decisiones.
La situación de los mototaxistas
El proyecto también afecta a los mototaxistas, un sector importante de la economía informal del municipio. Aunque hubo un acuerdo previo entre el alcalde , transportadores informales, veedores ciudadanos y mototaxistas, el alcalde lo incumplió al convocar sesiones extraordinarias para modificar y aprobar las objeciones del proyecto . Esto no solo rompe la confianza, sino que también demuestra una falta de compromiso con las necesidades de la comunidad, perdiendo su credibilidad y honorabilidad de su palabra por incumplimiento a la misma .
Además, la implementación del tránsito trae consigo la obligación de aplicar el Código Nacional de Tránsito. Si los agentes de tránsito no cumplen con estas normas, estarían incurriendo en prevaricato por omisión, lo que genera más incertidumbre sobre cómo se manejará esta situación.
Un llamado a la transparencia y la acción ciudadana
La gestión pública debe centrarse en el bienestar colectivo, no en intereses particulares. Es necesario que la administración municipal explique los términos de este proyecto y garantice su beneficio para todos los ciudadanos. La participación ciudadana no puede ser restringida ni ignorada, especialmente en decisiones que afectan a largo plazo.
Es fundamental que los habitantes de San Juan del Cesar se mantengan alertas, exijan rendición de cuentas y se unan para proteger sus derechos. La transparencia y la inclusión deben ser los pilares de cualquier administración pública.
San Juan del Cesar merece un futuro construido desde el diálogo, la concertación y el compromiso real con las necesidades de su gente. Dejemos claro que no permitiremos que decisiones oscuras empeñen el bienestar de nuestro municipio.
Luis Horgelys Brito Ariza.Abogado en Ejercicio, Especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios
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