Por : Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado, Defensor de los servicios públicos Domiciliarios, Activista social y veedor cuidando.
En San Juan del César, La Guajira, se libra un debate que ha encendido los ánimos de la comunidad. La administración municipal, de manera apresurada e inconsulta, busca implementar un organismo de tránsito sin considerar las realidades y necesidades locales. Como abogado especialista en derecho administrativo, considero que esta medida no solo es prematura, sino que vulnera derechos fundamentales y genera múltiples interrogantes sobre su verdadera intención.
Una decisión sin diagnóstico adecuado
El municipio enfrenta múltiples problemáticas sociales y económicas que merecen atención prioritaria. Sin embargo, la administración parece más interesada en implementar un organismo de tránsito de forma acelerada, sin realizar los estudios técnicos y sociales necesarios.
Actualmente, el transporte público formal es inexistente en San Juan del César. El único medio de transporte que utiliza la mayoría de la población son los mototaxis, un sistema informal que, aunque fundamental para la economía local, no está regulado por el Código Nacional de Tránsito. Esta falta de regulación pone en riesgo a más de 1.300 familias que dependen de esta actividad como su principal fuente de sustento.
Violaciones al debido proceso
En noviembre de 2024, ante la aprobación del acuerdo que permitiría la llegada del tránsito al municipio, la comunidad reaccionó con protestas y bloqueos de vías. Se firmó entonces un acta que comprometía a las partes a iniciar mesas técnicas de diálogo el 13 de enero de 2025. Sin embargo, el alcalde, ignorando este compromiso, convocó sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto antes de que terminara el año.
Este proceder no solo es irrespetuoso hacia los ciudadanos, sino que también constituye una violación al debido proceso y a los principios de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política de Colombia.
Negligencia en el Concejo Municipal
Otro punto preocupante es la actuación de algunos concejales electos, quienes firmaron el proyecto sin analizarlo ni debatirlo adecuadamente. Este acto de negligencia podría dar lugar a investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación, ya que compromete la transparencia y el ejercicio responsable de sus funciones.
Derechos humanos en peligro
Las protestas de los mototaxistas y de parte de la comunidad, como las ocurridas el 27 de diciembre de 2024, son una manifestación legítima de inconformidad. No obstante, las autoridades han respondido con acciones represivas, retirando bloqueos de manera arbitraria e intimidando a los manifestantes.
Es preocupante que, en lugar de escuchar las demandas ciudadanas, se recurra al uso desproporcionado de la fuerza, vulnerando derechos humanos fundamentales y desacreditando la protesta social como un derecho constitucionalmente protegido.
La prisa genera sospechas
La comunidad se pregunta por qué la administración tiene tanta urgencia en implementar el tránsito y entregar su operación a un tercero por un contrato que se extendería hasta 2049. Este apresuramiento, sin socialización ni estudios responsables, deja en entredicho las verdaderas motivaciones detrás de esta medida.
¿Se trata de una solución a las problemáticas del municipio o de intereses particulares que priorizan beneficios económicos sobre el bienestar colectivo?
Un llamado a la reflexión y la sensatez
Antes de implementar el tránsito, es fundamental garantizar:
La regulación del gremio de mototaxistas, para que puedan ejercer su actividad de manera formal y digna.
La creación de un sistema de transporte público eficiente, que responda a las necesidades reales de la población.
Un proceso de socialización transparente, donde la comunidad sea escuchada y participe en la toma de decisiones.
El respeto por los derechos humanos, asegurando que las protestas sean atendidas con diálogo y no con represión.
Si se sigue adelante con este proyecto en las condiciones actuales, se estarían vulnerando los derechos de las personas más vulnerables del municipio y, además, comprometiendo el futuro del mismo por decisiones apresuradas y poco responsables.
La implementación del tránsito no puede ser una imposición, sino una construcción colectiva que garantice el equilibrio entre el orden normativo y las necesidades sociales. La administración debe reflexionar, escuchar y actuar con prudencia, porque el desarrollo de San Juan del César no puede construirse sobre la base de la injusticia y la exclusión.
Luis Horgelys Brito Ariza.
Abogado en Ejercicio, Especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios.
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