Por: Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado en Ejercicio, Defensor de los Servicios Públicos Domiciliarios, Activista Social y Veedor ciudadano.
El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece las funciones esenciales que deben cumplir los concejales en cada municipio. En esencia, son los encargados de legislar en beneficio de sus comunidades, hacer control político a las actuaciones del alcalde y supervisar la correcta ejecución de los recursos públicos. Sin embargo, la realidad demuestra que muchos concejales desconocen o deliberadamente ignoran el espíritu de este mandato.
En algunos municipios del país, los concejales han transformado su rol en una plataforma de interés personal. Han pasado de ser representantes del pueblo a convertirse en intermediarios de dádivas y negociaciones ocultas. Son los llamados "concejales de estómago", quienes subordinan su voto a las prebendas ofrecidas por el ejecutivo local. Este fenómeno se traduce en una extorsión silenciosa: para aprobar proyectos, exigen compensaciones económicas, contratos o favores que, lejos de beneficiar a la comunidad, perpetúan prácticas corruptas y dañan gravemente la confianza en las instituciones.
Por otro lado, hay concejales que son ejemplos de integridad, aquellos que honran su juramento de trabajar en pro del bienestar colectivo. Estos líderes comprenden que su función es legislar con conocimiento, analizar cada proyecto con rigor y anteponer el interés público sobre el privado. Son concejales que no temen al control político, que exigen rendición de cuentas y que, cuando aprueban un proyecto, lo hacen porque han evaluado sus beneficios para la comunidad.
El contraste entre estos dos tipos de concejales es abismal. Mientras unos ven el cargo como una oportunidad para lucrarse, otros entienden que su labor es fundamental para el desarrollo social y económico de sus municipios. Pero la pregunta clave es: ¿cuántos concejales realmente conocen las implicaciones de sus decisiones? Aprobar un proyecto sin analizar sus consecuencias puede generar daños irreversibles para una comunidad, perpetuando desigualdades, desperdiciando recursos o afectando la calidad de vida de los ciudadanos.
Es necesario reflexionar: ¿están los concejales preparados para cumplir con su labor? ¿Tienen claro el impacto que sus acciones o sus omisiónes direccionaran en el destino de su municipio? El desconocimiento no es excusa, y el abuso de poder es imperdonable. La Constitución no faculta a los concejales para extorsionar ni para actuar como cómplices de malas administraciones. Les exige ser líderes responsables, transparentes y comprometidos.
Como ciudadanos, debemos exigir más de nuestros concejales. Debemos vigilar su desempeño, cuestionar sus decisiones y participar activamente en los espacios democráticos. Es momento de identificar y denunciar a los corruptos, pero también de reconocer y apoyar a aquellos que trabajan con honestidad. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones y garantizar que los concejales vuelvan a ser lo que dicta la Constitución: servidores del pueblo y defensores del interés colectivo.
Luis horgelys Brito Ariza
Abogado en ejercicio especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domicialiros.
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