Por: Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado en Ejercicio, Defensor de los Servicios Públicos Domiciliarios, Activista Social y Veedor ciudadano.
En tiempos donde la confianza ciudadana en las instituciones públicas es frágil, las veedurías ciudadanas emergen como pilares fundamentales en la defensa del tesoro público . Sin embargo, es preocupante observar cómo algunas administraciones locales buscan menospreciar y estigmatizar esta labor, ignorando el sacrificio y el compromiso de quienes actúan con heroicidad, con gran esfuerzo y valor, para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.
El trabajo del veedor ciudadano no es una tarea fácil. Denunciar contratos onerosos que derivan en obras inservibles o “elefantes blancos” implica exponer no solo la propia integridad física, sino también la seguridad de sus familias. Estos ciudadanos, con principios sólidos y valores intachables, se enfrentan al sistema por amor a su comunidad, promoviendo el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
la Ley 850 de 2003, que regula las veedurías ciudadanas, estas apartan la mirada de la política tradicional, ortodoxa y clásica y se concentran en el bienestar colectivo y la protección del erario público . Esta Ley Estatutaria, al estar consagrada en la Constitución, resalta la importancia de este papel vigilante. La Corte Constitucional, en su sentencia C-292 de 2003, subraya que el trabajo de los veedores es un ejercicio fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la promoción de una gestión pública eficiente y transparente.
Pese a esta base normativa, es lamentable que muchas administraciones confundan las acciones de los veedores con tintes políticos u oposiciones partidistas. Pero, ¿es acaso una “oposición política” exigir transparencia en la ejecución de contratos públicos? ¿Es “politizar” hacer seguimiento exhaustivo para que las obras cumplan con los estándares establecidos? La respuesta es clara: NO. Defender el erario público con objetividad y apego a la ley es un deber ético y ciudadano.
Los veedores no son opositores por naturaleza; son guardianes de los recursos de todos, actuando en pro del bienestar colectivo. Desconocer su labor es desconocer el espíritu mismo de la democracia participativa. Su trabajo merece ser reconocido, no como una amenaza, sino como un complemento esencial al control institucional.
Hoy, más que nunca, es necesario reivindicar y proteger la labor de los veedores ciudadanos, quienes con esfuerzo y valor contribuyen a construir un país más justo y transparente. Sus acciones no solo previenen la corrupción, sino que también dignifican el ejercicio del poder público, recordándonos que el recurso estatal no es propiedad de unos pocos, sino un patrimonio colectivo que debe ser administrado con responsabilidad y honor, por esta razón NO podemos permitir cómo ciudadanos responsables, que las administraciónes locales las conviertan en empresas privadas, buscando una utilidad unilateral o colectiva.
La invitación es clara: respaldemos a los veedores ciudadanos, promovamos su labor y reconozcamos el valor de quienes arriesgan todo por un bien mayor. Porque defender el tesoro público no es política; es justicia.
Luis Horgelys Brito Ariza.
Abogado en Ejercicio, Especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios.
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