Por : Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado, Defensor de los servicios públicos Domiciliarios, Activista social y veedor cuidando.
Desde mi experiencia como abogado especializado en servicios públicos domiciliarios, me permito abordar una situación alarmante que afecta a los residentes de San Juan del Cesar, La Guajira, en relación con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por la empresa Veolia. Es fundamental resaltar que esta empresa, en su posición dominante en el mercado, está actuando de manera caprichosa y arbitraria, vulnerando los derechos fundamentales de los usuarios, establecidos en el contrato de condiciones uniformes, en la carta magna y la Ley 142 de 1994.
La ley señala, en su Artículo 133, el deber de los prestadores de servicios públicos de actuar conforme a un marco de respeto y protección a los derechos de los usuarios. Sin embargo, en lo que atañe a la instalación de micro medidores, hemos sido testigos de prácticas arbitrarias por parte de los funcionarios de Veolia, quienes están instalando estos dispositivos sin el consentimiento de los usuarios.
De acuerdo con el Artículo 9 9.2 de la Ley 142, los usuarios tienen derechos claros que incluyen la libre elección del prestador del servicio y del proveedor de bienes necesarios para su obtención, en concordancia con el contrato de condiciones uniformes de ley para las partes, cláusula 11 derechos y obligaciones inciso 7. A la libre elección de la persona prestadora del servicio, por esta razón, los usuarios no deben verse obligados a aceptar uno proporcionado de manera unilateral por la empresa. Esta situación plantea un escenario de abuso de poder y falta de respeto hacia la autonomía del usuario.
Es más preocupante que estas acciones no solo constituyen una violación a los derechos establecidos en la ley de servicios públicos, sino que también vulneran el derecho al debido proceso. Consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, toda persona tiene derecho a un debido proceso que incluya la defensa y la contradicción. En este sentido, los usuarios deben ser escuchados y respetados en su capacidad de decidir sobre los micro medidores que se instalan en sus viviendas o lugares de trabajo.
Los ciudadanos de San Juan del Cesar merecen servicios públicos que no solo sean eficientes, sino que también respeten su dignidad y derechos. Insto a todos los actores involucrados, la empresa Veolia y las autoridades locales, a que reconsideren estas prácticas y adopten una postura más justa y respetuosa hacia sus usuarios.
Es imperativo tomar acciones para que cada persona afectada pueda ejercer sus derechos y se garantice un entendimiento claro sobre la legalidad de las decisiones que afectan su vida diaria. La defensa de los derechos ciudadanos es una responsabilidad compartida y una tarea que todos debemos abrazar con seriedad y compromiso.
Luis Horgelys Brito Ariza, Abogado, Defensor de los servicios públicos Domiciliarios, Activista social y veedor cuidando.
Instagram : horgelys_
Correo ✉️
[email protected]
