Los abogados tienen es sus manos la posibilidad de cambiar algunas realidades en Colombia, pues sus conocimientos pueden significar la solución para aquellos que no tienen la capacidad de pagar por servicios legales o, simplemente, no tienen acceso a ellos. El acceso a la justicia ha devenido un elemento crucial en el trabajo de protección de los derechos humanos en diferentes contextos del país, así como un área de importancia primordial para jueces y abogados dedicados a promover el estado de derecho y los derechos humanos.
A pesar de su importancia, el acceso a recursos efectivos se ve impedido por una serie de obstáculos que adquieren una dimensión particular cuando se trata de abusos de derechos humanos directos o indirectos por parte de empresas u otros actores. También en el contexto de otras realidades. En el ranking de impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, Colombia ocupa el octavo lugar entre 59 países medidos. Esta situación se da por varios motivos, uno de ellos, los obstáculos que impiden a las personas llevar sus conflictos a la justicia formal en condiciones de igualdad.
En teoría, y así lo apoya el Ministerio de Justicia de Colombia, el acceso a la justicia es una pieza fundamental del Estado Social de Derecho por la relación intrínseca que tiene con la reducción de la pobreza y el crecimiento inclusivo. El acceso a la justicia abarca cada aspecto de la cotidianidad, incluyendo la salud, el empleo, la educación, la vivienda y el emprendimiento.
Según la cartera de justicia, este derecho es cada vez más reconocido como un pilar fundamental para lograr el crecimiento inclusivo, debido a que algunos estudios han podido comprobar cómo la imposibilidad de acceder a la justicia tiene un efecto negativo desproporcionado en las clases socioeconómicas bajas y los grupos vulnerables, disminuyendo las oportunidades económicas y reforzando la trampa de la pobreza.
Según los resultados obtenidos en el Módulo de Necesidades Jurídicas de la Encuesta de Calidad de Vida 2016, se estima que alrededor de cuatro millones de personas en Colombia viven fuera de la protección de la ley.
Ante esta situación, han sido varias las iniciativas que buscan eliminar las barreras de acceso a la justicia. En este sentido y en concreto, el trabajo pro bono reúne a dos sectores que usualmente no tienen espacios para trabajar en conjunto: los abogados del sector privado y la población vulnerable. Esta sinergia permite a los abogados del sector privado tener un acercamiento con realidades diferentes a las que usualmente atienden, pudiendo aportar desde su profesión a la construcción de un país en el que el acceso a la justicia sea una realidad para todos.
Ana María Arboleda, directora de Fundación ProBono Colombia, organización sin fines de lucro que desde 2009 se encarga de dar acompañamiento jurídico gratuito a personas que no tienen la posibilidad de pagar por ello, explica que en un país como Colombia, que tiene tantas barreras de acceso a la justicia, el trabajo de los abogados es fundamental.
“Ellos tienen la posibilidad de hacer trabajo probono, es decir, prestar servicios legales de manera voluntaria y gratuita a quienes no cuentan con recurso y están en condición de vulnerabilidad. Esta es la manera de materializar el ejercicio socialmente responsable de nuestra profesión de abogados”.
Probono no solo significa llevar una representación judicial a cabo, asegura la experta, hay muchas maneras de hacerlo: litigios estratégicos, apoyo a emprendimientos sociales, a población vulnerable, a víctimas y migrantes, inclusive apoyo a organizaciones sociales.
“Desde la Fundación ProBono Colombia hemos apoyado más de cuatro mil casos y eso se pudo lograr gracias al trabajo voluntario y gratuito de unos 1.700 abogados. La invitación es para que los profesionales del derecho se decidan a prestar sus servicios legales también de manera gratuita con la intención de atender a los más vulnerables y de eliminar, cada vez más, las barreras de acceso a la justicia en el país”.
Fuente: probono.org.co
