MOYANO SA. Y LOS SINDICALISTAS VIP

 
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Desde hace muchas décadas atrás los lideres sindicales se enriquecen sorpresivamente sin ser investigados sus patrimonios utilizando los sindicatos como si fuera de su propiedad.

MOYANO SA. Y LOS SINDICALISTAS VIP

Por: Santiago Oreggia


Las investigaciones en curso deberán esclarecer el oscuro origen de una cuantiosa fortuna donde se confunden los fondos sindicales con los familiares.

El enorme poder que desde hace décadas ejerce Hugo Moyano excede en mucho el plano sindical.

Si bien se hizo fuerte en la Federación de Camioneros, al frente de la cual ha estado durante largos años, su influencia se ha extendido a la política y al mundo del fútbol.

Y siguiendo una larga y perversa tradición del gremialismo peronista, se ha convertido al mismo tiempo en un potentado y un monarca que, como tal, traspasó su corona en el sindicato camionero a su hijo Pablo; introdujo en la política a otro de los hijos, Facundo, actual diputado, y convirtió a su tercera esposa, Liliana Esther Zulet, en gerenciadora del amplio aparato sanitario del sindicato.

La real magnitud del imperio, así como sus orígenes, quizá podrá conocerse ahora, tras la denuncia que la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó contra Hugo y Pablo Moyano, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas por presunto lavado de activos de origen ilegal.

La denuncia se basa en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que menciona, entre otros datos llamativos, que en el trienio 2014-2016 el gremio que manejan los Moyano y el presidente de OCA, Patricio Farcuh, intercambiaron unos cien millones de pesos. Hace ya tiempo que se baraja la firme posibilidad de que OCA, que con sus 7000 empleados es la principal empresa postal privada, pertenezca a los Moyano y que Farcuh sea un testaferro.

También la Procelac incluyó otras operaciones que le permitieron calcular que el fraude alcanzaría los 4000 millones de pesos.

OCA afronta, además, un concurso de acreedores, y la AFIP le reclama una deuda impositiva de más de 3400 millones de pesos por haber retenido impuestos de terceros.

El difícil panorama que afrontan los Moyano puede complicarse aún más a raíz de una investigación en marcha en el Club Atlético Independiente, cuyo presidente es Hugo Moyano, mientras que su hijo Pablo es vicepresidente primero.

El ex líder de la barra brava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, detenido y procesado, declaró sobre la existencia de un circuito que comprendía una cuenta bancaria en una guarida fiscal, una mesa de dinero y la compra de jugadores lesionados, y explicó que la mesa de dinero estaba vinculada con Pablo Moyano.

La Justicia debería determinar si se ha empleado al club para lavar dinero.

En lo que hace a OCA, entre las operaciones investigadas hay dos donaciones de esa empresa abonadas mediante cheques a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros y al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, y el contrato de patrocinio al Club Independiente, a cambio de 2,5 millones de dólares.

Para la Procelac, los datos que apuntan al lavado de activos son la constante circulación de fondos por montos elevados entre las sociedades, a veces sin justificación; la confusión patrimonial y financiera; los volúmenes de las operaciones; las donaciones millonarias que coinciden con ceses de pagos, y las transferencias de titularidad de inmuebles a cambio de cesión de créditos.

Hugo Moyano es uno de los mayores exponentes de los dirigentes sindicales peronistas que nadan en una abundancia de muy difícil, si no imposible, justificación. Pero además, y debido a su enorme poder político y sindical, ha ejercido una fuerte presión sobre muchísimas empresas, sindicatos y más de un gobierno, a veces con métodos y procederes claramente mafiosos.

Su hijo Pablo se alió con sindicalistas radicalizados y kirchneristas para intentar impedir en diciembre la discusión en el Congreso de la reforma laboral. Antes, el kirchnerismo resultó fundamental en el crecimiento descomunal del poderío de Hugo Moyano y de su bonanza. Tan importante como el kirchnerismo ha sido su mujer, Zulet, en el diseño de la red de sanatorios, geriátricos y clínicas de la obra social de los camioneros.

Las denuncias que sobre esa red efectuó Graciela Ocaña le costaron, según la diputada, la titularidad del Ministerio de Salud durante el kirchnerismo.

Los Moyano se unen ahora a la lista de dirigentes sindicales investigados por graves casos de corrupción, como Omar "Caballo" Suárez (SOMU); Juan Pablo "Pata" Medina (Uocra-La Plata); Humberto Monteros (Uocra-Bahía Blanca), y Marcelo Balcedo (Soeme).

Ante la gravedad de las acusaciones que pesan sobre todos ellos, causan gracia los patéticos argumentos de otros dirigentes políticos y gremiales que hablan de una persecución orquestada e impulsada por el Gobierno.

Décadas de impunidad, de incalculables fortunas mal habidas, de elecciones gremiales amañadas, de favores políticos y judiciales, de gigantescos negociados a costa de las obras sociales sindicales y los aportes de empleados y empresas han convertido a esta clase de sindicalistas en un lastre para un país que quiere modernizarse.

No se trata de persecuciones, sino, por primera vez en mucho tiempo, de rendir cuentas.

Especialmente cuando, por lo visto, muchas no cierran.
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